Una veintena de organizaciones de la sociedad civil expresaron su «profunda preocupación» ante la reforma constitucional aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional de Nicaragua, que reestructura el Estado, concentra el poder en una figura de «copresidencia» y elimina la división de poderes.
#EsNoticia 🇳🇮 Reforma constitucional | Dos presidentes para Nicaragua: ¿el inicio de una sucesión familiar?
El régimen de Daniel Ortega propuso una amplia reforma constitucional que va desde un cambio en la administración de la figura presidencial hasta el control y supervisión… pic.twitter.com/PkISWIvKWO
— EVTV (@EVTVMiami) December 14, 2024
Según un pronunciamiento de estas entidades, la reforma propuesta por Daniel Ortega consolida el cierre del espacio cívico, restringe libertades fundamentales como la de expresión y religión, y asegura impunidad para responsables de violaciones a derechos humanos.
Leer también: Ortega ordena que todas las monjas abandonen Nicaragua antes del 31 de diciembre
Entre los cambios más alarmantes, las organizaciones señalaron que la copresidencia controlará los órganos legislativo, judicial y electoral, dejando de considerarlos poderes independientes. Asimismo, ejercerá autoridad absoluta sobre el Ejército y extenderá el mandato presidencial a seis años.
La reforma también elimina el artículo constitucional que prohibía la tortura, legaliza la apatridia y formaliza las llamadas «policías voluntarias», grupos armados que, desde 2018, han operado con apoyo y protección estatal.
Leer también: Rick Scott resaltó la importancia de luchar por la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua
Otros aspectos incluyen el fortalecimiento del control sobre medios de comunicación y organizaciones civiles, tanto dentro como fuera del país, y el uso del sistema penal para reprimir a opositores. Además, las modificaciones imponen nuevas restricciones sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, limitando su autonomía.
Las organizaciones denunciaron que estos cambios consolidan un modelo autoritario que vulnera derechos fundamentales y promueve la persecución transfronteriza, el destierro y la represión sistemática de cualquier disidencia.