Diez meses después de masivas protestas antigubernamentales, el Parlamento cubano aprobó este domingo por «unanimidad» un nuevo Código Penal que trata de evitar la repetición de esos hechos y preservar el actual régimen socialista.
La nueva ley «tipifica como delitos los hechos mas graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses del Estado y del pueblo», dijo el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, al presentarlo al plenario.
Los días 11 y 12 de julio de 2021 miles de personas protagonizaron en 50 ciudades las mayores protestas contra el gobierno del Partido Comunista en 60 años, que dejaron un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos.
Según Ferro, esa ley también protege los intereses «individuales de las personas como garantía de la estabilidad de la nación, la seguridad jurídica y la tranquilidad ciudadana».
El nuevo Código sustituye al de 1997 y complementa a la Constitución de 2019, junto a la Ley de Amparo de derechos constitucionales y el Código de Ejecución Penal, que serán sometidos a votación en esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, iniciada el viernes y que se extenderá hasta el lunes.
Entre sus aspectos novedosos están «su aplicación a infracciones y actos ilícitos que afectan el espectro radio eléctrico, el medio ambiente y el patrimonio natural», según Ferro.
«Se penalizan las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones», añadió.
La nueva ley mantiene la pena de muerte «con carácter excepcional», en 23 delitos, y la suprime en cuatro respecto al código anterior. Se aplicará básicamente «en delitos contra la seguridad del Estado, terrorismo, tráfico internacional de drogas y asesinato», dijo el fiscal.
Se mantiene la exigencia de responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad y contempla «múltiples previsiones para el tratamiento diferenciado a los comprendidos entre los 16 y 18», con lo cual «se cumple estrictamente la convención de los derechos del niño», dijo el fiscal.
En el texto se introducen como nuevas sanciones la reclusión domiciliaria y el servicio en beneficio de la comunidad y se suprimen las medidas de seguridad predelictiva, rechazadas por muchos sectores de la sociedad.
AFP.