La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez se declaró inocente este viernes en el juicio por un supuesto golpe de Estado en 2019 contra su predecesor, Evo Morales, a poco de que se emita el fallo.
«Hice lo que tenía hacer, asumí la presidencia por compromiso… Lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad», aseguró la exmandataria derechista de 54 años a los jueces del tribunal, que la visitaron en el penal de La Paz donde se encuentra recluida desde marzo de 2021.
«Todos saben que soy inocente», agregó la exmandataria, que gobernó entre 2019 y 2020, mientras decenas de manifestantes afuera de la cárcel reclamaban su condena.
Áñez es juzgada junto a exjefes militares desde febrero por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
Se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ella, en cambio, se define como «presa política».
Tras varias interrupciones, el juicio se retomó el lunes y se acerca a su fin: concluidos los últimos alegatos, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz deliberará y dictará sentencia.
La Fiscalía pidió que Áñez sea condenada a 15 años de cárcel.
Uno de sus abogados, Luis Guillén, denunció esta semana que «están tratando de forzar» un fallo de culpabilidad. Áñez, su defensa y la oposición denuncian presiones del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) para una condena rápida.
«Es poco considerado someterme a cansadoras horas, porque mi salud no lo permite», dijo Áñez el jueves.
La expresidenta se ha descompensado durante algunas audiencias, estuvo dos semanas en huelga de hambre al comienzo de su juicio y se hizo cortes en un brazo en agosto de 2021.
Este viernes, un grupo de 23 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU y la Unión Europea «repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria».
– Otro proceso –
Otra causa contra la expresidenta, por sedición, terrorismo y conspiración, se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales.
Según Guillén, «se están siguiendo dos procesos por un mismo hecho», algo que viola un principio general del derecho.
Además, destacó que «no puede ser un tribunal ordinario quien decida qué es constitucional», pero un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional por ese motivo no tuvo éxito.
El abogado enfatizó que no corresponde juzgar a un exgobernante por la vía ordinaria, sino que debería realizarse un juicio de responsabilidades en el Congreso.
Los denunciantes -el Gobierno izquierdista, la Fiscalía y el Congreso- argumentan que se están juzgando acciones de Áñez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario.
La exmandataria fue asimismo señalada por «genocidio» –que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años– a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019.
Un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con Bolivia contabilizó 22 fallecidos en esos incidentes, que calificó de «masacres», y constató «graves violaciones de los derechos humanos».
Pero a diferencia de las otras acusaciones, este caso será tratado por el Congreso, que decidirá si se realiza o no un juicio de responsabilidades contra ella.
El informe de la CIDH también cuestiona la independencia del sistema judicial boliviano.
– Vacío de poder –
En octubre de 2019, Morales se postuló a un cuarto mandato pese a perder un referéndum para habilitarlo a una nueva reelección. En medio de una fuerte convulsión social y acusaciones de fraude en las urnas, finalmente perdió el respaldo de mandos militares y policiales y salió del país.
Quienes debían sucederlo, todos del MAS de Morales, renunciaron uno tras otro: el vicepresidente, la titular de la cámara alta y el presidente de la cámara de diputados.
En medio de un vacío de poder finalmente asumió Áñez, una abogada y expresentadora de televisión, la siguiente en la línea de sucesión en el Senado.
Los denunciantes argumentan que la entonces segunda vicepresidenta del Senado tomó el poder en una sesión sin el quórum legal y sin tratar las renuncias de Morales y sus acólitos.
Pero el Parlamento, que estaba controlado por el MAS, reconoció la legalidad de su gestión, cuyo principal cometido era organizar nuevas elecciones. Estas se celebraron en octubre de 2020 tras dos aplazamientos debido a la pandemia, y tuvieron como ganador a Luis Arce, delfín de Morales.
Además, el Tribunal Constitucional avaló el procedimiento citando una sentencia constitucional de 2001. Áñez entregó el poder en noviembre de 2020 a Arce, ganador de los comicios.