El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió este viernes caminando por las calles del centro de Lima a la sede de la fiscalía, donde declaró durante cuatro horas en un caso de presunta corrupción por el cual es investigado.
La fiscalía investiga a Castillo, en el poder desde hace 11 meses, por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.
«Nos hemos dado todo el tiempo y toda la predisposición para responder todas las preguntas» de la fiscalía, dijo el mandatario tras atender las preguntas del fiscal Samuel Rojas.
Por tratarse de un mandatario, en el interrogatorio estuvo presente el fiscal nacional, Pablo Sánchez.
«Estamos dispuestos a seguir respondiendo, porque el Perú necesita que aclaremos las cosas y lo vamos a seguir haciendo», añadió Castillo, quien afirmó sentirse «satisfecho».
El mandatario izquierdista salió a pie del palacio de gobierno en la mañana y caminó unas ocho cuadras alzando una mano para saludar a peatones, acompañado por asesores y una treintena de escoltas de civil y policías uniformados, observaron periodistas de la AFP.
Desde la fiscalía, en cuyo frontis había una veintena de manifestantes opositores, Castillo regresó en vehículo al palacio de gobierno y habló brevemente con la prensa, sin revelar las preguntas del fiscal, aduciendo que el caso «está en proceso de investigación».
Su abogado, Benji Espinoza, indicó que el mandatario había «contestado a todas las preguntas» (un centenar) y que se levantó un acta de 32 páginas con su testimonio.
«No hay ninguna organización criminal donde el presidente esté involucrado», expresó el abogado.
Se trata de la investigación sobre el consorcio «Puente Tarata III», que busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas.
El fiscal Rojas lo citó mientras cuatro investigados del entorno del presidente están prófugos tras dictarse una orden de prisión preventiva contra ellos. La policía ofrece recompensas de entre 4.000 y 13.300 dólares por su detención.
– Otra citación –
La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, pero no avanzar en las indagaciones en su contra, sostiene la fiscalía. El mandato de Castillo, un exmaestro rural de 52 años, culmina en julio de 2026.
Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, dominado por la oposición, acordó el jueves citar a Castillo para que comparezca el 21 de junio por el mismo caso que indaga la fiscalía.
«La política peruana se ha transformado en un ejercicio policial y judicial, no se debaten los temas políticos de fondo ni los urgentes problemas» del país, dijo a la AFP el analista político Hugo Otero.
«Eso es desentenderse de los problemas que está viviendo la gente de Perú, como el desempleo, la pobreza o la inflación», la más alta en tres décadas, añadió Otero, exasesor del difunto presidente Alan García.
La nueva citación establece que el presidente podrá elegir el lugar donde declarará a la comisión legislativa.
El congresista fujimorista (derecha populista) Héctor Ventura, quien dirige la comisión, dijo que «existen grandes indicios y sospechas reveladoras de presuntos actos de corrupción».
– «Vacancia» –
En sus 11 meses en el poder, Castillo ha estado bajo permanente asedio del sector radical de la oposición, que lo acusa de supuesta ineptitud y de estar salpicado por hechos de corrupción.
El 8 de abril, el Congreso de Perú aprobó una moción meramente simbólica que exhortaba a Castillo a renunciar, 10 días después de fracasara el segundo intento de destituirlo en un juicio político relámpago, al cosechar solo 55 de los 87 votos necesarios.
Las mociones de «vacancia presidencial» se han vuelto costumbre en Perú y causaron la caída de los mandatarios Pedro Pablo Kuczynski (derecha) en 2018 y Martín Vizcarra (centro) en 2020. Desde diciembre de 2017, el Congreso ha debatido seis iniciativas de este tipo.
Varios legisladores opositores radicales llaman cotidianamente a destituir a Castillo, pero hasta ahora no cuentan con los votos necesarios.
AFP.