La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, fue reelegida por el presidente Alejandro Giammattei para otros cuatro años más en el cargo, pese a haber sido incluida por Estados Unidos en una lista de «actores corruptos».
«He tomado la decisión de nombrar a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, para ocupar el cargo de Fiscal General y jefe del Ministerio Público por los próximos cuatro años», dijo Giammattei, en una ceremonia oficial.
El gobernante aseguró que Porras es una profesional que cumple con todos los requisitos constitucionales y que obtuvo el voto favorable unánime de la comisión que evaluó a los candidatos. «Esta no ha sido una decisión sencilla tomada a la ligera», agregó.
«Los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir según nuestra Constitución (…) no tienen ningún valor para despojar a una persona se su capacidad, idoneidad y honradez», agregó el gobernante.
Al asumir el cargo para el período 2022-2026, Porras dijo que su compromiso para llevar adelante una labor «sin sesgos ni ideologías, continúa firme».
«El camino recorrido no ha sido sencillo. A pesar de los constantes ataques de los que he sido objeto por parte de algunas personas que buscan una justicia parcializada». agregó.
«Jamás toleraré acciones arbitrarias que socaven los derechos de los ciudadanos guatemaltecos. Continuaré firme en mi compromiso de garantizar una justicia objetiva y no selectiva», dijo Porras en su discurso.
– Justicia selectiva –
Tanto el mandatario como la fiscal, coincidieron que la institución estaba cooptada por sectores que se oponen a la justicia imparcial. Porras sostuvo que rescató la entidad y ahora actua sin sesgos políticos ni ideológicos.
«Necesitamos una justicia que no responda ideologías ni mucho menos a aspiraciones políticas, el Ministerio Público (Fiscalía) ha sufrido ataque mediáticos debido a que lamentablemente la institución se había instrumentalizado para emprender una persecución penal selectiva», aseguró Giammattei.
Asimismo, se comprometió a fortalecer la independencia y autonomía de la fiscalía con el objetivo «que nunca más se utilice la institución por personas nacionales o extranjeras que pretendan imponer una agenda política o ideológica».
En tanto, Porras consideró que en sus primeros cuatro años estableció un Ministerio Público «respetuoso de la ley, imparcial, objetivo e independiente».
La funcionario consideró que ha trabajado «con total autonomía e imparcialidad, sin compromisos de ningún tipo, respetuoso del régimen de legalidad, garante del acceso a la justicia y obrante del cumplimiento de la ley».
Más temprano, durante el informe sobre sus primeros cuatro años (2018-2022), Porras aseguró que una prioridad de su administración «ha sido la lucha contra la corrupción».
– Bajo sanción-
Durante su primer período Porras fue blanco de críticas de organismos de derechos humanos, sociedad civil, gremios estudiantiles, indígenas y campesinos que la acusan de favoracer los intereses de grupos de poder y del mismo presidente.
El Ministerio Público, bajo órdenes de Porras, dispuso en los últimos meses las detenciones de al menos seis juristas que trabajaron en órganos antimafias en Guatemala, acusándolos de irregularidades en sus labores.
Para los acusados, esas detenciones son una «venganza» contra quienes lucharon contra la corrupción. La Fiscalía rechaza esas acusaciones.
Entre los aprehendidos figuran ex miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y de una representante de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU, que funcionó entre 2007 y 2019.
Porras fue colocada en 2021 por Washington en una lista de «actores corruptos».
Una de las acciones que motivó la sanción a Porras fue la destitución el año pasado de Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la FECI y considerado como un «campeón anticorrupción» por Washington. Ahora está exiliado en Estados Unidos, tras denunciar amenazas contra su vida.
Sandoval dijo en marzo a la AFP que su separación del cargo ocurrió tras conocerse que contaba con información «de un posible soborno de empresarios» rusos al presidente Giammattei para operar un puerto sobre el Caribe.
AFP.