Líbano conmemora este viernes el tercer aniversario de la mortífera explosión en el puerto de Beirut sin demasiadas esperanzas de dilucidar un día la verdad de este drama y juzgar a los responsables, ante las presiones políticas que bloquean el proceso judicial.
El 4 de agosto de 2020, a las 18H07, una de las mayores explosiones no nucleares de la historia arrasó barrios enteros de la capital libanesa, matando a más de 220 personas e hiriendo a más de 6.500.
La deflagración fue provocada por un incendio en un almacén donde se almacenaban sin las precauciones necesarias toneladas de nitrato de amonio a pesar de las repetidas advertencias a sus responsables.
El colectivo de familias de víctimas, que lucha incansablemente desde hace tres años para conseguir justicia, llamó a los libaneses a participar vestidos de negro en una manifestación que debe dirigirse al puerto.
«Es una jornada de duelo y protesta contra el Estado libanés, que politiza nuestra causa e interfiere en la acción de la justicia», declaró a la AFP Rima Zahed, que perdió a su hermano Amine, un empleado del puerto.
«Tres años después de la explosión, la justicia está bloqueada y la verdad, disimulada (…) Ninguna de las personas investigadas está en la cárcel», añadió.
Las autoridades libanesas rechazaron una investigación internacional como pedían las familias y reciben acusaciones de haber obstaculizado las indagaciones de la justicia local, adonde se trasladan las divisiones políticas de un país en pleno hundimiento económico.
«CRIMINALES»
«Estamos cansados. No hemos podido hacer nada para hacer que estos criminales rindan cuentas», dice Zahed.
Un primer juez encargado del caso en 2020 tiró la toalla tras haber inculpado al ex primer ministro Hassan Diab y otros tres ministros.
Su sucesor, Tarek Bitar, también arremetió contra responsables políticos, pero el Parlamento rechazó levantar la inmunidad de algunos diputados imputados, el ministerio de Interior se opuso al interrogatorio de altos cargos y las fuerzas de seguridad se negaron a ejecutar sus órdenes de arresto.
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Bitar tuvo que suspender la investigación durante 13 meses debido a decenas de acciones judiciales en su contra de parte de responsables políticos.
En enero reanudó su trabajo para sorpresa de todos, pero entonces fue denunciado por insubordinación de parte del fiscal general tras haber imputado a varias personalidades de alto rango.
El fiscal también ordenó la liberación de 17 personas detenidas sin juicio tras la gigantesca explosión.
CULTURA DE IMPUNIDAD
En dos años y medio, el juez Bitar ha podido trabajar durante seis meses en los que se ha enfrentado a intensas presiones que provocaron una crisis sin precedentes en el sistema judicial.
Aunque no ha pisado el palacio de justicia desde hace meses, su investigación «continúa», dijo a la AFP un experto jurídico que pidió el anonimato por motivos de seguridad.
Este experto, que sigue la investigación, afirmó que el juez Bitar está determinado a seguir su trabajo hasta llegar a una acta de acusación, como prometió a las familias de las víctimas.
«Estamos convencidos de que llegaremos a la verdad, porque la verdad no muere mientras es reclamada», dice Rima Zahed.
Unas 300 oenegés y las familias de las víctimas volvieron el jueves a lanzar su llamado para la formación de una comisión de investigación internacional.
«Una acción internacional es necesaria para romper la cultura de la impunidad en Líbano», dijo Ramzi Kaiss, de Human Rights Watch.
«Las autoridades usaron todos los medios a su disposición para socavar y obstaculizar sin vergüenza la investigación nacional con tal de eludir la rendición de cuentas», lamentó por su parte Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional.
AFP