La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, negó el martes que vaya a renunciar por una supuesta infracción constitucional que el Congreso evalúa para inhabilitarla, medida que debilitaría al ya frágil gobierno del presidente Pedro Castillo.
Boluarte, también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, fue denunciada ante el Congreso por la Contraloría peruana por ejercer un cargo en una entidad privada al mismo tiempo que es funcionaria, lo que la ley peruana prohíbe.
«Acá no hay ninguna renuncia, ningún acto de esa naturaleza, estoy tranquila y serena», dijo Boluarte a la prensa, para luego afirmar que esta denuncia es una maniobra política para echar abajo al gobierno izquierdista de Castillo.
Según la vicepresidenta, este caso «ha sido el pretexto perfecto de los señores de la derecha para ir sobre la vacancia [destitución de Castillo] y seguir atacando al presidente».
Al mismo tiempo, dos congresistas opositores denunciaron a Boluarte por el mismo caso.
«En el gobierno sabemos que desde el primer momento que ganamos las elecciones, el 6 de junio de 2021, todas las voces y tambores han estado detrás de la vacancia» de Castillo, dijo Boluarte.
La Contraloría afirma que Boluarte firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del gobierno.
Boluarte, abogada de 60 años, es oriunda de Apurímac, región al sureste de Perú. El Club lo integran los apurimeños que residen en Lima.
El Congreso, controlado por la derecha opositora, la puede inhabilitar de la función pública por 10 años si aprueba la denuncia, algo que parece descontado ante la polarización que vive Perú desde que Castillo asumió la presidencia hace 10 meses.
Boluarte admitió que firmó los documentos, pero alega una serie de razones burocráticas para ello.
El artículo 126 de la Constitución peruana establece que “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
En caso de ser removida, ello allanaría el camino para que el Congreso retome sus planes de destitución de Castillo, algo que los opositores radicales han intentado dos veces anteriormente.
Boluarte «podría enfrentar una denuncia constitucional y ser inhabilitada, pero solo para el cargo de ministra. Si la inhabilitan como vicepresidenta, sería una maniobra para dejar un vacío”, dijo el jurista Omar Cairo, citado por el diario La República.
La Constitución prevé que en ausencia del vicepresidente, el jefe del Congreso debe suceder al presidente si deja anticipadamente el mando.
La actual jefa del Parlamento es la opositora María del Carmen Alva.
AFP.