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Las implicaciones del inicio de la investigación de la CPI en Venezuela por crímenes de lesa humanidad

El consultor legal, Mariano de Alba explicó este jueves mediante sus redes sociales las implicaciones del inicio de la investigación de la CPI en Venezuela, anunciado el día de ayer por el fiscal Karin Kham en su visita al país.

Mariano de Alba destacó que el inicio de la investigación presupone que la Fiscalía considera que autoridades de Venezuela no han tenido voluntad o son incapaces de investigar a presuntos responsables. «También que el Estado se ha limitado a investigar sospechosos/crímenes que no son los adecuados».

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  • Foco de la investigación será el uso excesivo de la fuerza por organismos de seguridad para dispersar protestas en 2017, arrestando arbitrariamente a miles de manifestantes y sometiendo a muchos a tratos inhumanos y degradantes.
  • Fiscalía de la Corte Penal Internacional ahora comenzará a recolectar las pruebas que considere necesarias. Autoridades de Venezuela tienen la obligación de cooperar con la Fiscalía. Maduro firmó un acuerdo de cooperación, pero está por verse si esa voluntad realmente existe.
  • Mientras, Fiscalía de la Corte Penal puede comenzar a interrogar a víctimas y testigos, y solicitar cooperación de otros Estados u organizaciones internacionales para recolectar pruebas. La fase de investigación no tiene un plazo definido y probablemente será extensa.
  • Por su parte, el gobierno de Maduro todavía tiene margen de acción. Para empezar, puede solicitar que se difiera la investigación por seis meses. Tiene un plazo de un mes, contado desde ayer 3NOV2021, para hacer esa solicitud, que el Fiscal puede cuestionar ante la Corte.
  • Por otro lado, el acuerdo de cooperación entre el gobierno y la CPI dejan entrever que la Corte todavía espera que las autoridades venezolanas impulsen acciones (investigaciones y juicios), ahora con la posibilidad de recibir apoyo técnico de la Fiscalía.
  • Conforme al Estatuto de Roma, la Fiscalía puede en cualquier momento revertir su decisión de iniciar la investigación. Por eso, el acuerdo dice que la Fiscalía reconocerá “cualquier esfuerzo, reforma o investigaciones” que se adelanten en Venezuela.
  • El gobierno de Maduro sigue teniendo la misma disyuntiva que antes de firmar el acuerdo: o produce avances genuinos y tangibles en el enjuiciamiento a presuntos responsables (altos funcionarios) o el proceso ante la Corte Penal Internacional avanzará.
  • El próximo hito del proceso dependerá de si las autoridades de Venezuela permiten una reforma genuina del sistema de justicia (que podría darse a través de un proceso de negociación con la oposición) y el enjuiciamiento de altos responsables. De lo contrario, cuando la Fiscalía considere que tiene pruebas suficientes para concluir que ciertos altos funcionarios tienen responsabilidad penal, el Fiscal solicitará la emisión de órdenes de arresto o comparecencia, reduciendo el margen de acción de los señalados».