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Venezuela

ESPECIAL| La historia de los magistrados venezolanos en el exilio

Siete días bastaron para que la vida de Elenis Rodríguez, una abogada venezolana y activista de derechos humanos designada por el Parlamento como magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de su país, diera un giro de 180 grados hace cuatro años.

Creyó tocar la cúspide de su carrera judicial el 21 de julio de 2017: se juramentó como parte de un grupo de 13 magistrados principales y 20 suplentes en un acto protocolar en la plaza caraqueña Alfredo Sadel, ante una multitud que los vitoreaba, los alababa por ser “valientes” ante el gobierno de Nicolás Maduro y hasta la clamaban cariñosamente por su apodo –“Vallita”-. El cielo.

Una semana después, recibió una llamada anónima: “No hable y escuche; no estoy de acuerdo con lo que está pasando, usted está localizada y la van a detener el lunes”. Pronto, a las 3:00 de la tarde del 30 de ese mes, decidió refugiarse junto a otros cuatro magistrados en la embajada de Chile. El infierno.

“Este no era mi proyecto de mi vida, jamás”, comparte Rodríguez en entrevista con la Voz de América desde Santiago de Chile, donde vive exiliada con su madre, combinando sus labores del derecho con oficios de docencia, cocina y limpieza para subsistir en un país a 8.000 kilómetros de distancia del suyo.

Venezuela vivía en 2017 una prolongada ola de protestas contra el poder ejecutivo de Nicolás Maduro a raíz de su convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado. El Parlamento, que el Tribunal Supremo de Justicia afín al oficialismo había declarado en desacato desde su instalación, en 2016, decidió designar a 33 nuevos magistrados, no obstante.

El presidente venezolano opinó en un evento televisado que Rodríguez y sus colegas irían “presos, uno por uno, uno detrás de otro”, y que se les congelarían sus bienes y cuentas bancarias. Al momento de su interlocución, uno de los magistrados juramentados en la plaza Alfredo Sadel, Ángel Zerpa, ya había sido detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Una sentencia del TSJ políticamente alineado con el oficialismo venezolano acusó de usurpación a quienes fueran designados como magistrados y valoró como nulo todo acto que adelantara en ese sentido el Parlamento. Según Maduro, los juristas que se juramentaron cometieron un “error garrafal”.

Rodríguez, conocida por ser una de las querellantes contra el oficialismo por su responsabilidad en el asesinato del joven manifestante Bassil Da Costa en 2014, confiesa haber pensado que solo se trataba de “bravuconadas” del mandatario.

“No tenía miedo. Más miedo me daba vivir en dictadura. No nos programamos para vivir en el exilio. Todo (fue) para aceptar este nombramiento, del cual no nos arrepentimos”, remarca en su conversación, de dos horas, con la VOA.

Fuente AFP