Las fuerzas rusas están trasladando por la fuerza a civiles -incluidos los que huyen de las hostilidades- a zonas bajo su control y eso desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, afirmó la ONG Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado el jueves.
Los traslados forzosos «constituyen una violación grave de las leyes de la guerra, que equivale a un crimen de guerra y a un posible crimen de lesa humanidad», declaró HRW.
La organización entrevistó a 54 personas que fueron a Rusia o que conocían a personas que lo habían hecho.
Muchos de los trasladados por la fuerza son originarios de la ciudad de Mariúpol, un puerto en el sudeste de Ucrania que sufrió un asedio devastador y bombardeos violentos antes de ser conquistada por los rusos.
Otros procedían de la región de Járkov, en el este de Ucrania.
«Por supuesto, habríamos preferido ir a zonas ucranianas si hubiéramos podido», dijo a HRW una mujer trasladada de Mariúpol. «Pero no teníamos opción, ninguna posibilidad de ir» a los territorios controlados por Kiev, destacó.
A lo largo del camino, muchos de estos civiles fueron sometidos a una forma de control de seguridad obligatoria denominada «filtración», que incluye la recogida de datos biométricos y de huellas dactilares, registros corporales y de sus pertenencias personales, detalla el informe.
«Nadie debe ser obligado a someterse a un proceso de detección abusivo para lograr la seguridad», destacó Belkis Wille, investigador del HRW y coautor del informe.
Un habitante de Mariúpol explicó a HRW que había sido detenido por las tropas rusas antes de ser colocado durante dos semanas junto a decenas de otros residentes de esta ciudad en una escuela en condiciones insalubres, antes de poder pasar la «filtración».
«Nos sentíamos como rehenes», subrayó.
La «filtración» de los ciudadanos ucranianos es «punitiva y abusiva», carece de «fundamento jurídico» y constituye una «violación manifiesta del derecho a la vida privada», declaró HRW.
La ONG envió sus conclusiones y un resumen de las respuestas de las personas interrogadas a las autoridades rusas el 5 de julio, pero no recibió respuesta.
AFP