La administración del expresidente Donald Trump evalúa aplicar sanciones económicas de hasta 998 dólares diarios a migrantes que permanezcan en Estados Unidos pese a haber recibido una orden de deportación, según documentos internos obtenidos por la agencia Reuters.
Las multas, que tendrían carácter retroactivo por un período de hasta cinco años, podrían acumularse hasta superar el millón de dólares por persona.
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De acuerdo con un alto funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato, también se contempla la posibilidad de confiscar propiedades de quienes no paguen las sanciones impuestas. Esta política se sustentaría en una legislación federal de 1996, cuya aplicación fue reactivada en 2018 durante el primer mandato de Trump.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), confirmó a Reuters la existencia del plan y sostuvo que todos los migrantes en situación irregular deberían abandonar voluntariamente el país a través de la aplicación móvil CBP Home, que reemplazó a CBP One.