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Nuevo informe de Michelle Bachelet asegura que el sistema de abusos y torturas sigue vigente en Venezuela

Este jueves, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un nuevo informe sobre los abusos y torturas  que sigue vigente en Venezuela

El  informe se elaboró sobre la base de la información recopilada y analizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), lo que incluyó entrevistas con víctimas, testigos y personas defensoras de los derechos humanos, así como reuniones con funcionarias y funcionarios públicos. El ACNUDH ha hecho referencia a información y datos oficiales siempre que ha sido
posible. El informe abarca el período comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, y se centra en los últimos acontecimientos relacionados con el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de implementación de las recomendaciones correspondientes.

En el documento presentado por la comisionada queda claro que  “Continua recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación.  El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021″, resalta una parte del informe publicado este jueves.

«El ACNUDH continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021. Los patrones previamente identificados de desapariciones forzadas y detenciones en incomunicación persistieron.  En nueve casos documentados por el ACNUDH, las personas fueron sometidas a desapariciones forzadas, durante las cuales se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos» precisó.

Asimismo destacó que «la duración de las desapariciones forzadas documentadas por el ACNUDH osciló entre unas horas y varios meses. Por ejemplo, Antonio Sequea Torres fue detenido el 4 de mayo de 2020 y mantenido en privación de libertad en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El 27 de diciembre de 2020, los familiares del Sr. Sequea fueron informados de que ya no se encontraba en las instalaciones del Servicio. Al 1 de mayo de 2021, las autoridades notificaron que habían estado en contacto con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en relación con este caso, pero no informaron oficialmente sobre el paradero del Sr. Sequea a sus familiares y su defensa, a pesar de varias solicitudes. Sigue siendo desconocido el paradero de otras personas cuyos casos se han denunciado ante el Grupo de Trabajo, entre ellas el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos (desde septiembre de 2018) y Hugo Enrique Marino Salas (desdeabril de 2019)».

El informe resalta además la  violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva, y denuncian que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres. “El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales. El ACNUDH saluda la acusación del agente de policía que presuntamente disparó a la víctima, y pide a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados”.

Las conclusiones presentadas en este informe han sido documentadas y corroboradas en estricto cumplimiento de la metodología del ACNUDH. El ACNUDH actuó con la debida diligencia para evaluar la credibilidad y fiabilidad de todas las fuentes y contrastó la información recopilada para verificar su validez. Solicitó el consentimiento informado de las fuentes a las que entrevistó y tomó todas las medidas oportunas para proteger su identidad y garantizar la confidencialidad, según el caso. El ACNUDH evaluó la información recopilada a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y de la legislación nacional pertinente.