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Trabajadores de chilena Codelco suspenden huelga y aceptan cerrar usina contaminante

Los trabajadores de la minera estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, pusieron fin este jueves a una huelga convocada por tiempo indefinido, tras llegar a un acuerdo con la empresa para el cierre de una usina contaminante, informó el sindicato.

«Oficialmente hoy estamos declarando el levantamiento de la paralización», indicó el dirigente Amador Pantoja, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), tras acordar con la directiva de Codelco iniciar negociaciones para el cierre de la fundición de cobre «Ventanas», señalada como causante de la contaminación en una zona conocida como el «Chernóbil chileno».

El proceso de cierre, según el gobierno, tardaría unos cinco años.

Los dirigentes de la FTC y representantes de Codelco conformarán una mesa de trabajo en la que «abordarán los escenarios del cese de la fundición» Ventanas, indicó un comunicado de ambas partes.

De esta forma se pone fin a la huelga que iniciaron el miércoles más de 40.000 trabajadores de 26 sindicatos de Codelco.

Los trabajadores rechazaban el cierre de la Fundición Ventanas, ubicada en un parque industrial en la costa central chilena y señalada como una de las principales responsables de la contaminación que genera un polo que alberga desde 1958 a más de 15 compañías en las localidades de Quintero y Puchuncaví, donde viven unas 50.000 personas.

Tras un episodio de contaminación la semana pasada, que intoxicó a un centenar de personas, en su mayoría escolares, el gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric decidió cerrar la planta, debido a la polución generada en la bahía, a unos 140 km al oeste de Santiago, reconocida como una de las áreas más contaminadas del país.

«Todo el cordón industrial es el que contamina y nosotros éramos la única empresa que fiscalizaban», dijo a la AFP Antonio Lecuña, dirigente sindical minero en Puchuncaví.

Los trabajadores que protestaban en las puertas de la fundición recibieron el fin del paro en medio de discusiones y pedidos de paciencia, ante la inquietud por conocer a fondo el acuerdo suscrito con el gobierno.

«Hay mucha gente desilusionada, se suponía que las personas que están en reunión en Santiago debían darnos la información, no enterarnos por la prensa. Las cosas no están claras», declaró a la AFP Danisa Roco, trabajadora de Codelco.

Los sindicatos consideraban «arbitraria» la decisión del cierre de la fundición y exigían al gobierno invertir 54 millones de dólares para que la planta cumpliera estándares ambientales más altos y siguiera funcionando.

– Medioambiente y trabajadores –
Codelco y sus trabajadores acordaron «establecer el cuidado de la salud de los trabajadores(as), de las comunidades donde se insertan las operaciones, la protección del medio ambiente, así como el resguardo de la empleabilidad, junto al potenciamiento de Codelco como empresa pública», de acuerdo al comunicado conjunto.

Para concretar el cierre de las instalaciones, el Congreso chileno debe derogar una ley que obliga a Codelco a fundir en Ventanas cobre proveniente de su propia producción y de la pequeña y mediana minería.

Codelco produce casi el 8% del cobre del mundo y es responsable por entre el 10 y el 15% del PIB chileno.

La minera se comprometió a mantener a los más de 300 trabajadores que operan Ventanas en otras divisiones, según explicó André Sougarret, presidente en funciones de la estatal chilena.

También dialogarán sobre la situación de las empresas contratistas que prestan servicios a la planta.

– Refinería seguirá funcionando –
El cierre de la fundición Ventanas se concretará en unos cinco años según manifestó el viernes pasado el presidente Gabriel Boric, pero la refinería que opera en el mismo lugar seguirá trabajando.

«Hemos relevado una vez más que potenciaremos a las demás fundiciones de Codelco y a todas sus refinerías, porque es un proceso crucial para nuestro plan de negocios», afirmó Sougarret.

Ambas partes destacaron la decisión del gobierno de realizar una reinversión del 30% de las utilidades anuales de la compañía -que por ley debe entregar todas sus ganancias al Estado- hasta 2024.