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Tres presidentes latinoamericanos dentro de la investigación de los nuevos Pandora Papers

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló este domingo los Pandora Papers,  secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado.  Más de 330 funcionarios públicos en más de 90 países, así como un amplio abanico de celebridades, deportistas y empresarios. 

Tres jefes de Estado actuales, están en la investigación de Pandora Papers, y tienen en común haber sido empresarios. El chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader. 

También emergen 11 exmandatarios. Los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

De Piñera se trata de la compraventa en las Islas Vírgenes Británicas de Minera Dominga junto al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia. En diciembre de 2010, cuando Piñera llevaba nueve meses en el Palacio de La Moneda, la familia presidencial vendió el negocio a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes por 138 millones de dólares.

La investigación en Chile fue llevada a cabo por los medios chilenos CIPER y LaBot. 

El monto debía satisfacerse en tres cuotas, con una salvedad: el último pago dependía de que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas.

 

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El Gobierno de Piñera, tenía la decisión de la viabilidad de Minera Dominga quedó en manos del que no promovió la protección ambiental con lo que la tercera cuota, finalmente, se pagó. Pese a estas sombras, el gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró, al ser preguntado, que el presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación acabó en sobreseimiento.

los Papeles de Pandora también dejaron en evidencia al dominicano Luis Abinader. Los documentos muestran su vinculación con dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc. y Padreso SA. Ambas fueron creadas antes de asumir el cargo y usadas para gestionar activos en República Dominicana.

Alicia Ortega de Noticias Sin fue la encarga de la investigación, que apunta a que las acciones de estas sociedades eran inicialmente “al portador”, un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compañías. 

Abinader,  se registró públicamente como beneficiario en 2018, tres años después de que entrase en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus dueños.

En el 2020 el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso. Abinader asegura que no tiene ninguna participación en la administración del mismo. Tanto él como Piñera recurrieron al despacho OMC Group, con sede en Panamá.

Otro jefe de estado salpicado en esta investigación es Guillermo Lasso, según los documentos y la investigación de El Universo, llegó a operar con 14 sociedades offshore (la mayoría en Panamá) y las fue cerrando solo después de que el correísmo impulsara una ley que prohibía a los candidatos ser beneficiarios de empresas ubicadas en paraísos fiscales.

En su defensa, el presidente ecuatoriano alega que llevó dinero al extranjero porque la legislación nacional impide a los banqueros invertir en su país. Lasso sostiene que 10 de estas sociedades están ya inactivas; y sobre las otras cuatro niega cualquier relación o beneficio.

Lasso era cliente de Trident Trust, uno de los mayores proveedores de entidades offshore del planeta. Esta compañía suiza es conocida por su discreción en este tipo de soluciones y aparece una y otra vez en las operaciones que destapa a filtración, al igual que el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que cuenta con una infinidad de clientes en América Latina.

Los Pandora Papers en Brasil señalan a los dos hombres más poderosos del mundo económico: el ministro del ramo, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Ninguno de los dos dio a conocer a la opinión pública sus operaciones offshore antes de asumir unos cargos en los que han tenido que tomar decisiones que afectan a este tipo de inversiones.

Guedes, de 72 años, figura como accionista de la empresa «Dreadnoughts International Group», registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de una sociedad de las que en el argot financiero se denomina shelf company: firmas que se abren en paraísos fiscales pero que pueden permanecer sin actividad durante años, a la espera de que alguien les dé un destino.

Este ministro tenía en 2014 al menos ocho millones de dólares invertidos en la compañía, registrada a su nombre, al de su esposa, María Cristina Bolívar Drumond Guedes, y al de su hija, Paula Drumond Guedes.

El Ministerio de Economía, envió un comunicado a la revista Piauí en el que señala que estas actividades “fueron debidamente declaradas a la agencia tributaria y a los demás organismos competentes, lo que incluye su participación en la empresa Dreadnoughts International Group”. “Su actuación siempre respetó la legislación aplicable y se guió por la ética y la responsabilidad”, dice la nota.

Campos Neto, es propietario de cuatro empresas. Dos de ellas, Cor Assets y ROCN Limited, están registradas en Panamá en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos. El objetivo declarado de las compañías era invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, del que Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo.

Las otras empresas opacas son Peacock Asset, gestionada por el banco Goldman Sachs, y que fue descubierta en la investigación Bahama Leaks de 2016; y Darling Group, una empresa de “gestión inmobiliaria”.

Campos Neto afirma que declaró todo su dinero en el exterior a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, así como a la agencia tributaria brasileña y al propio Banco Central. También insiste en que ha construido su “patrimonio con los ingresos obtenidos a lo largo de 22 años de trabajo en el mercado financiero”.

En Colombia, el liberal César Gaviria Trujillo (con mandato de 1990 a 1994) y el conservador Andrés Pastrana Arango (1998-2002). Ambos, que mantienen una notable influencia política, tocaron a las puertas de estos servicios cuando ya habían dejado el poder.

Pasamos a Argentina, los documentos sacan a la luz los nombres de Jaime Durán Barba, consultor político que catapultó a la presidencia a Mauricio Macri en 2015; y Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem (1989-1999). Por el lado del kirchnerismo, los papeles implican en manejos offshore a Daniel Muñoz (ya fallecido), exsecretario del expresidente Néstor Kirchner, y algunas figuras claves en la causa abierta por la recepción de supuestas comisiones ilegales pagadas por contratistas de obra pública a los gobiernos peronistas.

La investigación arrojó muchas más personas en México, donde los documentos señalan a más de 3.000 personas. Sobresal el magnate minero Germán Larrea, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez Aldir, cuyo grupo controla hospitales privados, cadenas de hoteles, aseguradoras y medios de comunicación. Sus fortunas juntas suman más de 30.000 millones de dólares.

Todos utilizaron paraísos fiscales para crear firmas instrumentales con las que operar internacionalmente.

Larrea entre 2013 y 2016 abrió nueve sociedades en las Islas Vírgenes Británicas con las que controlaba, la adquisición de bienes inmobiliarios de lujo en Estados Unidos. Aramburuzabala compró propiedades millonarias en Utah y Nueva York así como dos aviones privados. Y Vázquez Aldir y su entorno, a través de ocho sociedades opacas, se hicieron con yates, un avión y al menos dos mansiones.

Vázquez, a través de su abogado, sostiene que cumple con todas las obligaciones fiscales y legales tanto en México como en el extranjero. Mientras que, Larrea y Aramburuzabala no han respondido a las peticiones de aclaración de ICIJ.

Otro personaje político con fuerza en México es Julio Scherer Ibarra, quien hasta hace un mes era consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2017 figuraba como único propietario de una firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas con activos valorados en dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado.

La compañía era propietaria de una empresa en Estados Unidos poseedora de un lujoso departamento en una exclusiva zona de Miami. La entidad en las Islas Vírgenes quedó oficialmente inactiva en 2019, 11 meses después de que Scherer pasara a formar parte del Gobierno mexicano, pero la sociedad en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami.

Al ser preguntado por lo periodista que realizaron el Pandora Papers,  el exconsejero presidencial se ha limitado a señalar que en las fechas en que realizó las inversiones no era funcionario público sino un profesional independiente.