En un foro auspiciado por la Fundación Arcadia y en la que fungieron como coanfitriones la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Católica Andrés Bello, celebrado este viernes vía virtual, diversos expertos en derecho público internacional coincidieron en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no tiene la competencia que pretende le acreditar Guyana para emitir una decisión sobre la controversia territorial por el territorio Esequibo.
Víctor Rodríguez Cedeño, profesor en derecho internacional público, exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y otrora relator especial para el tema de actos unilaterales entre Estados; remarcó que la judicialización de esta controversia no está autorizada por el Acuerdo de Ginebra. Agregó además que en este acto unilateral adelantado por la República Federativa de Guyana no tiene potestad jurídica el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por lo que no podría contribuir en una decisión de esta naturaleza.
Sobre el mismo tema, Jorge Cardona-Llorens, abogado español, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia y autor de más de un centenar de trabajos científicos sobre derecho internacional; señaló -como Rodríguez Cedeño- que la CIJ carece de competencia y es que según estipula el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra, el Secretario General no puede decidir, sino proponer soluciones viables para los Estados.
Asimismo, el académico europeo adelantó que cualquier decisión de este tipo requiere el consentimiento de ambas partes y hasta el momento Venezuela no ha reconocido la judicialización de esta controversia. Remarcó también que el jefe de la ONU debió apelar a vías diplomáticas antes de avalar la imposición de la CIJ en este tema. «La demanda 29.03.18 Guyana contra Venezuela es irrecibible por la CIJ, pues no tiene competencia y el Secretario General carece de competencia para decidir el método de resolución de conflicto. Antes de proponer resolución en la corte», sumó.
Por su parte, Mauricio Herdocia Sacasa, también profesor universitario, rector de la American College y expresidente del Comité Jurídico Interamericano; -al ahondar en la no comparecencia de Venezuela ante la CIJ- suscribió que la mencionada instancia internacional no tiene que desfavorecer a alguna de las partes por no acudir ante esta. «La ausencia de una parte no implica aceptación automática de la parte demandante. El Estatuto exige que la CIJ que se convenza a sí misma de la carencia de derecho», argumentó.
Entre tanto, Didier Opertti Badán, excanciller de Uruguay y exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU; empezó su intervención exaltando la vigencia del Acuerdo de Ginebra, rector de este conflicto entre ambos países. «El Secretario General en lo formal, el ejercicio de su facultad, ha sido prematuro por no haber ofrecido otros medios, como investigación y mediación que aparecen en el artículo 33 de Naciones Unidas», fustigó.
En este sentido, siguiendo con los cuestionamientos a las atribuciones adquiridas por Antonio Guterres insistió en que ha habido un «ejercicio excesivo de una competencia, ignorando la voluntad de Venezuela».
Asimismo, Luis Alfonso García-Carrochano, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Perú; agregó que en ningún caso el Acuerdo de Ginebra da potestad a tercero para emplear un único mecanismo para la disolución del conflicto.
El evento virtual fue moderado por Rafael Casao Lezama, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Perú, y promovido por la Comisión Mixta para la defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado Williams Dávila Barrios.
Sobre este esfuerzo conjunto de los diputados, asesores y demás miembros de la mencionada instancia parlamentaria venezolana, Dávila Barrios destacó que pone en evidencia que, a pesar de que el legítimo Poder Legislativo no puede accionar ante la CIJ, desde esta Comisión siguen trabajando arduamente para hacer llegar opinión de expertos en la materia.
«Este es un asunto de Estado y así lo ha manejado la Comisión Mixta, y a pesar de la pandemia y el confinamiento, la AN presidida por Juan Guaidó no ha escatimado esfuerzo para defender, desde el punto de vista jurídico y del derecho internacional, el territorio que no ha defendido el régimen de Maduro», enfatizó el legislador venezolano.
NP