Al menos 198 organizaciones sociales y de derechos humanos, comités de víctimas y de la sociedad civil rechazaron el cese de las funciones técnicas de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Venezuela y la expulsión de los oficiales que venían cumpliendo estas funciones en el terreno, desde el año 2019.
A través de un comunicado, indicaron que la expulsión de la OACNUDH de Venezuela «constituye una grave decisión y un paso adicional del Estado venezolano para desproteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos, actuales y potenciales, y a la sociedad civil en su conjunto».
LEE TAMBIÉN: Legisladores de Brasil firmaron un pedido de juicio político para Lula Da Silva
Asimismo, alertaron que el régimen ha incrementado acciones para la «confiscación» de las libertades civiles y democráticas en el país con “La Furia Bolivariana” como política de vigilancia, control y persecución política.
El cese temporal y expulsión de oficiales de la OACNUDH de Venezuela, a su parecer, es un nuevo incumplimiento de las obligaciones y acuerdos del Estado venezolano con la comunidad internacional, ahora con la ONU y los órganos de protección universal, evidenciando que «no existe voluntad» de cumplimiento en materia de respeto a los derechos humanos, garantías de protección, justicia, libertades y democracia.
«Mientras existan estas circunstancias, el trabajo de la Misión independiente de investigación y Determinación de Hechos y la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, cumplen hoy un papel más claro e imperante en el país, a las puertas de un ciclo electoral presidencial en el que de manera cíclica se han incrementado de forma dramática los patrones de violaciones graves de los derechos humanos y la violencia contra la población, los mismos que dieron origen a la necesidad de la creación de estas tres instancias», destacó.
LEE TAMBIÉN: CIDH condenó expulsión de oficina de la ONU en Venezuela
Venezuela, a su juicio, tiene hoy una ventana de oportunidad para la redemocratización, la transición pacífica y la restitución de un entorno de derechos, si las partes cumplen los acuerdos de Barbados y toda la comunidad internacional contribuye a que se logre un proceso electoral genuinamente democrático, con justicia, sin persecución, discriminación ni revancha.
«De este modo, pedimos a nuestros pares, a los países de la región y a la comunidad internacional, especialmente al ACNUDH, Volker Turk, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a todos los órganos e instancias de la ONU el rechazo ‘alto y claro’ a esta acción inaceptable del Estado venezolano y a no cesar en su compromiso para proteger la vida, integridad y seguridad de nuestra población, la garantía de libertades y derechos de todas las personas y unas elecciones libres, creíbles y transparentes en Venezuela», instaron en el comunicado.