La Organización No Gubernamental, Acceso a la Justicia, advirtió que las doce leyes judiciales que la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2020 ha aprobado o reformado en los últimos meses, son un gesto simbólico y sin trascendencia, en el que se pone el foco en las normas y no en la impunidad, por cuanto las mismas no han servido, y muy probablemente no servirán, para cerrarles las puertas a las violaciones de derechos humanos en el país.
En el informe Situación y análisis de las reformas legislativas realizadas por el Gobierno de Venezuela vinculadas con el sistema de justicia se afirma que “la reforma de las leyes parte de la falsa premisa de que los problemas que generaron y generan crímenes de lesa humanidad y violaciones de Derechos Humanos en Venezuela se originan en la deficiencia normativa y no en la existencia de políticas públicas que los hacen posibles”.
Además, se advierte que el problema no se resuelve con más normas, sino con voluntad, recursos y medios para aplicarlas.
Una revisión de los cambios que el Parlamento ha hecho al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), Código Orgánico Penitenciario y Código Orgánico de Justicia Militar (COJM), o las disposiciones que introdujo en instrumentos nuevos como la Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública, ha permitido hallar puntos positivos en buena parte de las normas estudiadas. Así, por ejemplo, destaca el levantamiento del veto a las organizaciones de derechos humanos para que puedan representar judicialmente a cualquier persona que haya sido víctima de vulneraciones a sus garantías fundamentales; la desmilitarización de la custodia de los centros de reclusión; o la prohibición expresa del juzgamiento de los civiles ante los tribunales castrenses.
No obstante, en el reporte también se advierte que estas modificaciones por sí solas son insuficientes. Al respecto se expone lo siguiente en el documento:
“Al depender la efectividad de los cambios realizados de una voluntad política por parte de las autoridades judiciales y administrativas se pierde todo su efecto en la medida en que una ley no puede estar sujeta en su cumplimiento a la voluntad de ningún funcionario”.
Semanas atrás Acceso a la Justicia mencionó cuatro casos, los del periodista Roland Carreño, el fotógrafo Carlos Germán Debiais García, los jubilados William Echarry y Ramón Blanco y el capitán retirado y abogado Juan Carlos Guillén, para ejemplificar cómo las reformas legales impulsadas por el oficialismo en los últimos meses no estaban sirviendo para impedir el retardo procesal que aqueja al Poder Judicial, las detenciones arbitrarias, las violaciones al debido proceso y otras irregularidades tan arraigadas y frecuentes en el sistema de justicia venezolano