La activista de derechos humanos, Paulina Facchin, denunció que es víctima de una persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro, pese a que vive desde hace 11 años en Perú.
«Ha sido una cacería de brujas totalmente», afirmó en el programa Aló Buenas Noches con Marianna Gómez.
Facchin reveló que el pasado 11 de mayo, la Superintendencia de Migraciones de Perú emitió una orden de deportación en su contra. Esta resolución ha ordenado a la Policía Nacional de Perú que capture a esta activista y ejecute la expulsión del país.
De ser así, tendría que ser enviada a Venezuela donde el régimen venezolano la acusa por la presunta comisión de los delitos de instigación al odio, terrorismo y traición a la patria.
La activista expresó que vive una situación muy compleja. Contó que se fue de Venezuela tras sufrir un atentado y su hija resultó baleada. «Me vine a Perú buscando protección para ella y resguardo para mí», dijo.
En 11 años fuera del país, aseveró que ha estado lejos, pero no ausente. Ejerce como abogada independiente, se ha dedicado a ser vocera de la diáspora venezolana en Perú y también ha denunciado la violación de los derechos humanos en Venezuela, pero ahora le toca ser la víctima.
La activista precisó que está en la clandestinidad ante la orden de captura y expulsión en su contra, y si la expulsan a Venezuela, aseguró que se convertirá en una nueva presa política.
Un congresista pro chavista en 2019, con su expediente de nacionalización en mano, pidió la expulsión de la activista porque supuestamente es una «guarimbera».
Paulina Facchin señaló que tiene un problema adicional: no cuenta con pasaporte. Fue confiscado en 2017, lo que complica aún más que pueda salir de Perú por una vía regular.
«Prácticamente soy una apátrida, no tengo un documento de identificación internacional con el cual me pueda movilizar, así que me mantengo en una situación de clandestinidad», dijo.
Facchin detalló que superó un primer proceso sancionatorio de expulsión, porque no encontraron pruebas para expulsarla del país y esa liberación del primer proceso, se la notificaron el 13 de agosto de 2021, pero tres días después tenía abierto un nuevo proceso en su contra.
La abogada manifestó que la están juzgando dos veces por presuntos delitos que no cometió y afirmó que desconoce bajo qué argumentos la acusan.
Por ello, hizo un llamado a las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos y a los representantes del gobierno de Estados Unidos que se han pronunciado en favor de los perseguidos políticos y contra la violación sistemática de derechos humanos, para que intercedan en su caso.