Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, criticó con dureza las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre Venezuela, quien afirmó que «los problemas» de derechos humanos del país «se han ido disipando con el tiempo».
A través de una carta, Belski le aseguró al mandatario argentino que la política de represión continúa en Venezuela y subrayó que la gravedad de la situación ha llevado a que la Corte Penal Internacional haya abierto una investigación, y hasta anunciara la apertura de una oficina de su Fiscalía en Caracas.
Enviamos una carta a @alferdez en la que observamos con preocupación sus declaraciones.
Argentina, en sus esfuerzos de apoyar una salida democrática de la crisis en Venezuela, debe tener presente la realidad que se vive bajo el gobierno de Maduro.
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) April 19, 2022
Belski indicó que Amnistía Internacional ha documentado y denunciado la crisis y las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela. También los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza han sido sistemáticas y generalizadas, por lo que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina se refirió además a la emergencia humanitaria compleja que viven los venezolanos y la falta de acceso a derechos económicos y sociales para la gran mayoría de la población, que ha llevado a más de 6 millones de personas a huir de Venezuela.
Asismimo, se expresó sobre la detención arbitraria y prolongada de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes y preso de conciencia, quien ha estado bajo custodia del Estado desde julio de 2021, acusado de cargos infundados de ‘terrorismo’, mientras necesita atención médica.
Mariela Belski, sin embargo, afirmó que el caso de Javier Tarazona no es un caso aislado, sino que pertenece a una política bien documentada que utiliza tanto el discurso público como las detenciones para
criminalizar a los defensores de derechos humanos en Venezuela.