Amnistía Internacional denunció que migrantes venezolanas son víctimas de violencia machista y discriminación, y acusó a los Estados colombiano y peruano de ser los grandes ausentes a la hora de garantizar, proteger y respetar el derecho a una vida libre de violencia.
A través del informe «Desprotegidas: Violencia de Género Contra Mujeres Venezolanas Refugiadas en Colombia y Perú», indicó que la protección contra la violencia de género debería ser una prioridad de todos los Estados en las Américas, así como la protección de quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus países de origen.
En el caso de las mujeres refugiadas venezolanas, señaló que «enfrentan una doble y brutal desprotección, como lo revela nuestro informe sobre la situación en Colombia y Perú,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Más de seis millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos años debido a masivas violaciones de derechos humanos. Colombia y Perú son los países que más venezolanos han acogido, sumando más del 50% de todas las personas que han huido de Venezuela (1,84 millones y 1,29 millones respectivamente).
Amnistía Internacional considera que los venezolanos cuentan con necesidades de protección internacional y tienen derecho a solicitar el reconocimiento de su condición de personas refugiadas.
El nuevo informe mostró cómo las venezolanas refugiadas, que representan el 50% y el 58% de la población venezolana en Colombia y Perú respectivamente, enfrentan violencia y discriminación en todos los espacios de sus vidas por su género y nacionalidad.
En el espacio público, las agresiones ocurren tanto en las rutas migratorias como en sus lugares de residencia. En el ámbito familiar, enfrentan violencia económica, patrimonial, física y sexual, predominantemente de sus parejas o exparejas. Y en cuanto al entorno laboral, sufren diversas formas de violencia y explotación laboral.
“Muchas mujeres venezolanas, víctimas de violencia machista y cuyas vidas están en riesgo, prefieren no denunciar por temor a ser expulsadas del país, debido a su estatus de documentación. La situación de violencia y vulnerabilidad que enfrentan se agrava por la ausencia de protocolos especializados para atenderlas y protegerlas. La regularización migratoria es un paso fundamental para que puedan denunciar las violencias que enfrentan”, sostuvo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
La extensa investigación se realizó durante el primer semestre de 2022 de manera virtual y en terreno, incluyendo misiones a Lima y Tumbes en Perú, y Bogotá, Cúcuta y Soacha en Colombia. Para la elaboración de este informe, Amnistía Internacional entrevistó a 63 mujeres refugiadas venezolanas y realizó 45 entrevistas de investigación con organizaciones de sociedad civil, incluidas organizaciones conformadas por mujeres venezolanas; organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y ONU Mujeres; e instituciones estatales.
Según cifras oficiales, la violencia de género contra mujeres refugiadas venezolanas en Colombia aumentó un 71% entre 2018 y 2021, y en Perú un 31% entre 2019 y 2021. La xenofobia, el estatus migratorio, los mitos sobre la inseguridad provocada por personas extranjeras, los prejuicios relacionados con la sexualidad percibida de las mujeres, aunado a los roles de género preestablecidos socialmente, aumentan la vulnerabilidad de mujeres venezolanas refugiadas.