La Comisión Delegada de la legítima Asamblea Nacional (AN) pidió a la comunidad internacional acciones más contundentes contra el narcoestado venezolano «que causa inestabilidad, caos y carcome los cimientos institucionales» de las democracias de la región.
Para el parlamentario José Luis Pirela, los arrestos de dos alcaldes y una diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante un operativo contra el tráfico de drogas y de combustible que el régimen llamó “Mano de Hierro”, “es una fotografía ampliada de la descomposición moral que vive Venezuela y las esferas del Poder” y opinó que el régimen “quiere lavarse la cara desmarcándose de los funcionarios chavistas implicados”.
Pirela tildó la operación como “mano de seda en la alcahuetería, mano elástica”, pues a su juicio, es de conocimiento público que desde varios años jerarcas del régimen están involucrados en el narcotráfico y contrabando de combustible. Subrayó que ese “show tiene implicaciones políticas que son confrontaciones en el alto poder y por lo cual, están sacrificando sus peones”.
Por último advirtió el riesgo de que haya crímenes selectivos, y de igual manera, haya acusaciones arbitrarias y falsos positivos contra dirigentes de la oposición.
Jerarcas criminales
La diputada Gaby Arellano, presidenta de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos de la AN, instó a la comunidad internacional a tomar acciones contundentes y firmes contra la corporación trasnacional narcocriminal instaurada por el régimen, la cual está encabezada por los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a quienes culpó de usar el territorio como santuario de delincuentes, donde crean planes para desestabilizar a todo el hemisferio.
Arellano reiteró que Diosdado Cabello es el cabecilla del Cartel de los Soles y acusó al fiscal del régimen, Tarek William Saab de encabezar la red criminal organizada que existe en Venezuela, revelando que él fue quien concedió todo el territorio del estado Bolívar a las mafias de la minera ilegal que hace negocios con organizaciones delincuenciales de países del medio oriente para el tráfico ilícito de armas; narcotráfico y contrabando.
Vergüenza para los indígenas
Para el diputado Rommel Guzamana, presidente del Parlamento Amazónico, es una vergüenza para los pueblos indígenas” la detención por narcotráfico de Keyrineth Fernández, alcaldesa del municipio Jesús María Semprún en el estado Zulia y dirigente indígena del partido rojo del régimen.
“Esos indígenas enchufados se están enriqueciendo ilícitamente y gozan de toda la protección absoluta del régimen”, en consecuencia, afirmó que por ello, tendrán que rendir cuentas ante la justicia nacional e internacional.
También reiteró la denuncia de la extensión del Cartel de los Soles en todo el territorio nacional y frente a esto, exhortó a que todas aquellas personas involucradas en narcotráfico y corrupción tienen que ser condenados y pagar con todo el peso de la Ley sus delitos. Aseguró que la Corte Penal Internacional (CPI) y organismos internacionales en materia de protección de derechos humanos, “se están dando cuenta que existe una narcodictadura en Venezuela”.
El diputado Avilio Troconiz, vicepresidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN, denunció que además de la evidente vinculación que tiene el régimen con el narcotráfico, delincuencia organizada y contrabando de combustible, que involucra militares, fiscales, alcaldes del PSUV e ilegítimos diputados; esto ha logrado que el régimen “sobreviva” con los negocios turbios y delincuenciales que efectúa con otros gobiernos tiránicos del mundo a costa del sufrimiento de Venezuela.