Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, hizo un llamado este jueves al régimen venezolano para que respete y aplique el acuerdo firmado en Barbados con la Plataforma Unitaria sobre los derechos políticos y las garantías electorales.
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El mandamás de la ONU solicitó que sea garantizada «la plena vigencia y el respeto a los derechos políticos y electorales de sus ciudadanos”, de acuerdo a un comunicado del representante del organismo internacional.
Las declaraciones de Guterres se dan luego de los resultados de las elecciones primarias y el rechazo del régimen madurista que consideró que las votaciones fueron un fraude.
Miembros de la Plataforma Unitaria y de Nicolás Maduro firmaron acuerdos parciales en la isla caribeña el pasado 17 de octubre, entre ellos:
- Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley.
- Las partes promoverán de manera conjunta ante el Consejo Nacional Electoral un conjunto de garantías electorales para todos los actores, para el venidero proceso comicial presidencial, teniendo como base lo prevista en la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos electorales y demás normas jurídicas aplicables.
- Las garantías electorales para todos los actores a que hace referencia este acuerdo parcial y que serán promovidas conjuntamente por las partes incluirán los siguientes aspectos:
- Proponer que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024, atendiendo al cronograma constitucional.
- Ejecución de la actualización del registro electoral permanente.
- Desarrollo de todas las auditorias previstas en el sistema electoral venezolano, incluyendo las relacionadas con el registro electoral, con la participación de todos los actores políticos, la observación internacional y los acompañantes nacionales de conformidad a la ley electoral.
- Solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral acordadas, incluida la Unión Europea, el panel de expertos electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.
- Promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas con respeto a la ciudadanía, la autoridad electoral, los autores políticos la Constitución y las leyes.
- Exhorto a todos los actores políticos y funcionarios públicos para respetar y cumplir la normativa electoral y las condiciones del CNE durante el desarrollo de la campaña.
- Requerir a las autoridades competentes la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional.
- Reconocimiento del derecho de los actores políticos a disponer de mecanismos de financiamiento transparente que aseguren la pulcritud en su origen y manejo sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la ley.
- Promoción del equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados así como asegurar la igualdad de todos los candidatos en el acceso a los medios de comunicación y redes sociales, nacionales e internacionales; así como en espacios públicos bajo la administración del Estado.
- Se promoverá la participación de todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales, en la cobertura de la campaña electoral.
- Se promoverán a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial consistente con los procedimientos establecidos en la ley venezolana.
- Reconocimiento público de los resultados de los comicios presidenciales
- Las partes procurarán que los acuerdos electorales de este acuerdo puedan ser usadas para otras elecciones.
- Las partes continuarán el proceso de diálogo y negociación con relación a otras medidas orientadas al fortalecimiento de una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política que respeta los Derechos Humanos y entiende la necesidad de que sean levantadas las sanciones.