La Asamblea Nacional de mayoría chavista electa bajo comicios frauduletnos el pasado 6 de diciembre, acordó este martes 6 de abril «anular» los acuerdos legislativos en su totalidad que fueron aprobados durante el período 2016 – 2021 y cuyo presidente legítimo es Juan Guaidó.
«Esta Asamblea Nacional se autocorrige y anula los actos de la anterior Asamblea Nacional, que propició el robo de empresas (estatales) como Citgo y Monómeros», aseguró el líder chavista Jorge Rodríguez en la sesión parlamentaria, informó la agencia de noticias EFE este martes.
Asimismo, anunció que Rodríguez durante la plenaria denunció que los países que apoyaron los acuerdos establecidos, actuaron bajo la premisa de «querer robarse las platas y las riquezas que Venezuela tiene en su territorio. «Ellos saben que esto no tiene nada que ver con el derecho, que no tiene nada que ver con las misiones y funciones de un Parlamento», agregó.
Por su parte, el diputado de la AN chavista y miembro de la cuestionada opposición, Timoteo Zambrano, apoyó el acuerdo propuesto por los paralmentarios afín al régimen de Nicolás Maduro y aseguró que se tienen que anular esos actos o Venezuela «seguirá sin darle una solución a este barbarismo de esos dos años legislativos».
De acuerdo con EFE, el «proyecto aprobado» indica que durante el periodo parlamentario anterior se aprobaron acuerdos justificando «deliberada intención de violar el orden constitucional y legal o, específicamente, de ejercer competencias correspondientes a otros poderes públicos».
Siguiendo la narrativa chavista, el documento además tilda a la administración electa en 2015 de «inexistentes o ineficaces» y por lo tanto «carecen de validez formal y material, y no pueden generar los efectos jurídicos que pretendieron con su declaración».
En ese sentido, los parlamentarios chavistas aprobaron desconocer cualquier acto, convenio, contrato o actuación radicado en instancias internacionales, que se deriven de estos acuerdos aprobados por la mayoría de la oposición y solicitaron a la Fiscalía, también controlada por la dictadura, y a todas los demás órganos del sistema de Justicia que investiguen y establezcan responsabilidades civiles, penales y administrativas.
Con información de EFE