La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michelle Bachelet, presentó este lunes 5 de julio un informe oral sobre los abusos perpetrados en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo con sede Ginebra, Suiza.
En el marco de 47° Sesión de la instancia internacional, Bachelet reiteró su compromiso para seguir brindando el apoyo de su oficina en el país caribeño en función de la plena realización de los Derechos Humanos.
«Continúan las protestas sociales, ante un acceso cada vez más difícil a los servicios básicos», aseguró y expuso que la tendencia de las víctimas fatales en el contexto de las protestas haya bajado. Sin embargo, sentenció: «Una sola muerte ya es demasiado».
La declaración de la Alta Comisionada surge días después de publicar un reporte sobre el deterioro de la situación en materia de derechos humanos y fundamentales en Venezuela. «Es urgente continuar avanzando con los procesos judiciales de rendición de cuentas por las muertes en las protestas sociales de los últimos años», sostuvo.
Avances reclamos y nuevas medidas
Bachelet informó que para el mes de septiembre presentará un reporte complementario sobre la crisis en la nación suramericana y confirmó las gestiones para el establecimiento de una oficina con sede en Caracas, capital venezolana.
Sobre la detención de presos políticos por parte del régimen de Nicolás Maduro, reclamó: «Sigo instando a que se liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente”.
Para la Alta Comisionada, la reforma policial anunciada por el régimen de Nicolás Maduro es una «ocasión hacia un cambio sostenible» y una “oportunidad para mejorar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas», así como la promesa de cerrar los centros de detención administrados por las fuerzas de seguridad acusadas de abusos.
La oficina de Derechos Humanos documentó nuevos casos en los que las personas fueron sometidas a desapariciones forzadas, durante las cuales se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. «Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos», reza el documento difundido por la ACNUDH este jueves.
«La oficina Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021″, dice una parte del informe que reseña el medio argentino Infobae.
En ese sentido, la ACNUDH denuncia la violación sistemática de los derechos de las personas acusadas a la libertad, a un juicio sin dilaciones indebidas, a un juicio imparcial y a la asistencia jurídica.
De acuerdo con Infobae, en el informe se documentan al menos 12 casos en lo que se detuvo a personas sin que se presentara una orden de detención y en ausencia de flagrancia.
En materia penitenciaria, el reporte del Alto Comisionado para los DD.HH. denuncia denuncia la precaria situación en los centros de reclusión en donde los detenidos son mal alimentados y tiene restricciones para recibir visitas por parte de familiares y manifiesta preocupación por las muertes bajo custodia, «especialmente debido a la elevada incidencia de la tuberculosis, la malnutrición y otras enfermedades entre las personas privadas de libertad».
Rechazo del régimen
Por su el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas designado por el régimen, Hector Constant, rechazó el informe por considerarlo una «injerencia internacional y de naturaleza hostil». A su juicio, el reporte contiene datos errados y fallas metodológicas, por lo que solicitó que solicitó información a la Oficina de Derechos Humanos para contrastar las informaciones publicadas.