Lupa por la Vida, un proyecto de Provea y el Centro Gumilla, presentó un informe donde advierte de las presuntas ejecuciones extrajudiciales de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, en los cuales, subraya la organización, se ha visto una reconfiguración de su modelo represivo.
En 9 meses se han reportado 1.197 ejecuciones extrajudiciales en casi todo el territorio nacional. De esa cantidad 372 se registraron en el tercer trimestre de 2021.
La Faes es el cuerpo de seguridad que desde hace dos años, ha sembrado terror. Este organismo provocó un llamado de disolución por parte de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, petición ignorada por el gobierno de Nicolás Maduro.
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Pero, en el informe presentado por Lupa Por La Vida, el cuerpo con más ejecuciones extrajudiciales es el Cicpc, con 114 muertes.
“En informes anteriores observábamos que el Estado persistía en su patrón letal, pero maquillaba el mismo sustituyendo a la FAES por el Cicpc, esta tendencia se mantiene este trimestre. Llama la atención la alta participación de componentes de la FANB, presuntamente responsables de 40 casos, lo cual es el resultado de los procesos de militarización de las labores de seguridad ciudadana”, describe la organización.
Además enfatiza que julio fue el mes con más víctimas de este semestre con 137. «En la primera quincena de este mes se efectuaron diversos operativos policiales en las zona de la Cota 905 y El Paraíso de Caracas”, se lee en el escrito.
En el estudio también se señala, que en agosto hubo una leve disminución de las ejecuciones con 120, mientras que septiembre cerró con 115.
“En este sentido, durante este lapso se registraron 16 muertes más en comparación con el lapso de abril a junio, cuando se monitorearon 356”, explica.
Asimismo, advierte que de esa data 242 víctimas fueron identificadas. Las otras 130 quedaron sin ser reconocidas al momento del monitoreo y sin el contexto en que ocurrieron los asesinatos.
De las 242 víctimas identificadas 121 tenían edades de 18 a 30 años; 51 entre 31 y 50 y 3 eran menores de 18 años. Además en ese periodo se destaca el asesinato de cinco mujeres.
“Se requiere una política integral frente al delito que implique medidas de carácter preventivo que ofrezca oportunidades para los jóvenes, uso progresivo y diferenciado de la fuerza, desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos e investigación y sanción a los funcionarios responsables”.