La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al activista político y defensor venezolano, Jesús Armas, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela.
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Armas, exconcejal de Caracas entre 2013 y 2018, activista político y defensor, fue detenido por fuerzas de seguridad del régimen el 10 de diciembre, sin que hasta la fecha exista información oficial sobre las condiciones de su detención actual, ni estado de salud.
La noche de su detención, seis hombres encapuchados, con armas de fuego, habrían forzado a Jesús Armas abordar una camioneta sin placas de identificación. La solicitud también informa que el propuesto beneficiario padece afectaciones a su salud que requieren tratamiento médico permanente.
Tras la detención, sus familiares y representantes legales visitaron los centros de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde las autoridades negaron reiteradamente su presencia. Sus familiares interpusieron una denuncia por desaparición ante la Fiscalía del régimen y una queja en la Defensoría del Pueblo; sin obtener respuesta ni constancia del inicio de una investigación. Asimismo, intentaron presentar un recurso de Habeas Corpus en varias ocasiones ante los Tribunales Penales de Caracas, pero tal recurso no fue recibido debido a que no había la autorización de un superior.
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El 12 de diciembre de 2024, el Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela informó que Jesús Armas fue arrestado por presunta participación la contratación de personas con el fin de provocar disturbios y el 17 de diciembre se supo que estaba detenido en Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde habría sido torturado mediante asfixia mecánica. Según medios de comunicación, el 19 de diciembre de 2024, la pareja de Jesús Armas informó que recibió noticia de que él fue trasladado al SEBIN. Sin embargo, continuaría incomunicado de sus familiares.
Bajo esas circunstancias, la Comisión consideró que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, dado que hasta la fecha se desconoce su paradero.