En las últimas 36 horas se ha evidenciado la violencia generalizada que sostiene al régimen y que ha causado la muerte de cientos de miles y la migración forzosa de millones:
-La masacre en el Centro Penitenciario de Los Llanos en Guanare-Portuguesa que dejó al menos 47 muertos y 75 heridos.
-La guerra entre bandas armadas en uno de los barrios más grandes y más poblados de América Latina, Petare, por el control de la zona y poniendo en riesgo la vida de miles de inocentes.
-El video de grupos paramilitares -colectivos- encapuchados y con armas largas en el 23 de enero controlando ese sector de Caracas y dictando amenazas a todo aquel que se oponga a la tiranía.
-El régimen de Nicolás Maduro y su cúpula no pueden negar ni ocultar el descontento generalizado dentro de las Fuerzas Armadas, institución que también ha sido víctima de la persecución.
Esto es un Estado fallido, un Estado criminal que promueve una política de violencia generalizada y que ampara a grupos irregulares para aumentar el control social y la represión.
En medio de estos episodios, el régimen busca desviar la atención ante un supuesto hecho en las costas del estado Vargas, plagado de incongruencias, dudas y contradicciones, de donde se presumimos dos versiones:
1- Un montaje fabricado o un hecho delictivo manipulado por la dictadura para continuar la persecución hacia el gobierno interino, la AN y las fuerzas democráticas.
2- Militares o civiles venezolanos presuntamente ejecutados extrajudicialmente por la dictadura y sus cadáveres han sido utilizados para crear un falso positivo en las cosas del estado Vargas.
Todos estos hechos tienen un hecho repudiable en común y que la comunidad internacional debe estar alerta: venezolanos muertos y la vida de millones están en peligro mientras se prolongue el Estado Criminal.
En ese sentido, urge establecer un Gobierno de Emergencia Nacional para proteger a los venezolanos y restituir el orden constitucional y democrático.