Ante los enfrentamientos armados entre grupos guerrilleros en el estado Apure y que se extiende también a territorio colombiano, las Conferencias Episcopales de Colombia y Venezuela expresaron su preocupación por el conflicto violento.
El Monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal en Colombia, hizo un llamado a ambas naciones a buscar una solución para el cese de la violencia y evitar que se extienda a otros territorios.
“Preocupa la confrontación armada que se vive en estos territorios. Es muy urgente que las autoridades de ambos países busquen soluciones de fondo, concertadas, dialogadas y eficaces para salir de esta situación”, mencionó en un video compartido en redes sociales.
Es muy importante que se excluya a la población civil de esta confrontación que se está viviendo y que no se extienda hasta otros territorios”, dijo.
Asimismo expresaron su solidaridad a las personas de Apure y el Arauca que han tenido que huir de la violencia que se lleva a cabo en la frontera e hicieron un llamado para que se propicien las condiciones que permitan que las comunidades puedan permanecer en su territorio o regresar a el.
“También resaltamos las manifestaciones cotidianas de solidaridad que se dan entre nuestros pueblos y que son testimonio de los vínculos estrechos que nos han unido a lo largo de toda nuestra historia”.
Finalmente, la Conferencia Episcopal invitó a continuar las muestras de solidaridad con los migrantes venezolanos que han huido de las zonas de guerra.
“El Papa Francisco ha exhortado a toda la humanidad a acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y desplazados, como una muestra concreta del empeño de todos para lograr la fraternidad, la paz y el desarrollo integral de los pueblos”.
La dictadura de Nicolás Maduro ha permitido en los últimos años la entrada de grupos guerrilleros y violentos, quienes han originado conflictos armados en la frontera colombo-venezolana por el reclamo del territorio y armas. Ocasionando el desplazamiento forzado de más de 5.000 familias venezolanas del estado Apure y la muerte de funcionarios de la FANB.