Llevar adelante investigaciones contra el crimen organizado y la violencia policial, por más de dos décadas, han provocado que el riesgo sea un elemento con el que la periodista Ronna Rísquez, del medio digital Runrunes, conviva.
«Ser periodista de investigación en Venezuela es vivir atenta, con miedo, cuidándote de todo lo que puede pasar, de lo que te pueden hacer». Ronna Rísquez coordina el Monitor de Víctimas, una plataforma de recopilación de datos sobre asesinatos en Caracas, que busca romper la censura sobre las cifras de muertes impuesta en Venezuela. Para ella, hay un doble temor al revelar estas informaciones.
«Miedo de la persona que estás investigando y miedo de las acciones del Estado. Cuando estás investigando grupos criminales, estás en riesgo porque son delincuentes, pero al mismo tiempo, también estás en riesgo porque no tienes la garantía de que el Estado te va a proteger», apunta Rísquez, quien ya ha recibido amenazas por sus revelaciones.
Aunque aclara que no se trata de llamadas directas, cuenta que, a través de colegas especializados en el ámbito de la seguridad, líderes de bandas le ha enviado mensajes para que detenga su labor. “Si sigues investigando, te vamos a picar”, fue una de las advertencias.
Intereses al descubierto
Develar la trama de corrupción en la venta de las cajas de alimentos CLAP llevó, en 2018, a cuatro periodistas del portal en Internet Armando Info a salir de Venezuela, pues el empresario colombiano, Alex Saab, los demandó por difamación e injuria y fueron víctimas de una campaña de acoso en redes.
«Cuando se empiezan a tocar los intereses del poder, a través del periodismo de investigación, casi de manera automática, surgen este tipo de procesos», apunta el reportero Marcos David Valverde, quien forma parte del equipo de Armando Info que continúa en el país, dejando al descubierto los temas que los poderes político y económico ocultan.
«Y si uno pretende estar libre y eximido de este tipo de situaciones es mejor que te dediques a otra cosa», señala Valverde.
Ambos periodistas coinciden en que las historias que narran ameritan una verificación exhaustiva de datos, pues de lo contrario, podría haber consecuencias.
«Si te equivocas puedes pagar con cárcel con tu vida, con tu libertad y con la de tu familia. Es vivir permanentemente con ese miedo», alerta Rísquez.
El gobierno de Nicolás Maduro desestima algunas de estas investigaciones y acusa a sus autores de ser parte de lo que califica como la»canalla mediática», destinada a construir un entramado de mentiras.
Mientras, la organización Espacio Público documentó, en 2020, 935 violaciones a la libertad de prensa en el país, entre las que destacan censura, hostigamiento y agresiones.
Con información de Voz de América