Fernando Pinilla es un caricaturista e ilustrador venezolano que, con una línea crítica, pero “sin faltar el respeto”, acota, ha expuesto la realidad de los venezolanos en diversos medios de comunicación dentro y fuera del país durante los últimos 15 años.
Admite que su trabajo tiene un “costo” que, en parte, lo ha llevado a sentirse un “damnificado de la prensa” en varias ocasiones. Por ejemplo, dejó de trabajar en un importante conglomerado de medios que, tras su venta, cambió la línea editorial a una favorable al gobierno y salió de otros medios impresos que vivieron presiones económicas y dificultades para acceder a materia prima.
Sus trabajos actualmente son publicados, entre otros portales, en el Diario Las Américas y El Nacional, cuya versión impresa dejó de circular en 2018 por trabas gubernamentales para tener acceso a papel periódico, controlado por el Estado.
La sede de El Nacional, rotativo con más de 70 años de historia, fue embargada y adjudicada al parlamentario chavista, Diosdado Cabello, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al diario pagar a Cabello una multa equivalente a 13,3 millones de dólares en indemnización por “daño moral”, en respuesta a una demanda por difamación, luego de que el medio replicó un reportaje del diario ABC de España que lo vinculaba con presuntos delitos de narcotráfico.
“No tenemos sede, no tenemos periódico, yo creo que el medio más damnificado de todos es El Nacional. Seguimos adelante, seguimos creando caricaturas y creando matriz de opinión todos los días”, dice a VOA.
Esta semana Pinilla volvió a hacer frente al costo de no censurarse en Venezuela. Su participación como copresentador de un magazine de radio, en el que, además, no se abordaban temas políticos, fue cancelada por presiones de una alcaldía oficialista, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Horas antes, Pinilla había publicado una caricatura que resultó “incómoda”.
La caricatura expone la imagen de un terreno seco y desolado, con carteles de la alcaldía del municipio Guaicaipuro y la gobernación del estado Miranda (centro-norte del país), donde al igual que en otras zonas, surgen constantes denuncias sobre las repetidas fallas en los servicios básicos, consecuencia, entre otros factores, de la falta de mantenimiento e inversión que el gobierno atribuye a las sanciones internacionales.
«La realidad es que me dijeron que la caricatura que se había sacado había sido incómoda, eso fue lo que se me informó a mí», reiteró Pinilla.
De acuerdo a la versión que la emisora ha hecho pública, la desincorporación obedeció a «estrategias internas».
Para el caricaturista su salida del programa que condujo desde enero de este año significa un “traspié”, porque, asegura, se trata de un canal de información y entretenimiento necesario para los ciudadanos en momentos de tanta “presión”.
“La gente necesita un espacio para distenderse, para distraerse. Cortar ese espacio que no tenía nada que ver con la política por el trabajo que uno hace fuera de ese medio es absurdo. Es una forma más de demostrar que aquí la libertad de expresión no existe, que acá la libertad de prensa no existe. Que lo que haces, sea donde sea, siempre va a estar vigilado y censura.
Pinilla, ganador de reconocidos premios por sus caricaturas e ilustraciones, lamenta que factores de poder consideren como una “falta de respeto” exponer la verdad y opina que la denuncia es una oportunidad para que los políticos “se vean al espejo”.
“Al final, la información y la denuncia le sirve al político para analizar si lo están haciendo bien o mal. No deberían satanizar de esa forma la información, el periodismo, el ejercicio de la comunicación, porque no es la finalidad de esto, la finalidad es que pudieran hasta corregir. Pero lo toman como un ataque frontal que no lo es. Satanizan algo natural que es necesario para la sociedad”, afirma.
Venezuela ocupa el puesto número 159 de 180 países en la clasificación sobre libertad de prensa 2022 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) que señala el “clima de restricción” de la información y las amenazas contra el ejercicio del periodismo independiente.
Entre 2003 y 2022 se documentó el cierre de al menos 285 emisoras de radio en todo el país, de acuerdo a Espacio Público.
La organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social, ha resaltado que el año pasado, se ordenó el cierre de al menos 81 emisoras, lo que sitúa al 2022 como “el año con más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas”.
Desde hace varios años, diversas organizaciones dedicadas a monitorear la situación, han denunciado una política de Estado que ha reducido el ecosistema de medios, mediante la “cooptación”, cierres, presiones administrativas y ahora bloqueos digitales.
VOA