La responsable regional de Voluntad Popular, Mara Rodríguez, denunció las amenazas que reciben los coordinadores de la tolda naranja en los municipios Unda y Sucre en el estado Portuguesa, por parte del Teniente de la Guardia Nacional, identificado como Montoya, quien habría amenazado al abogado, Manuel Andrade con su detención luego de realizar denuncias sociales a través de un programa de radio.
“Al abogado Andrade, lo amenazaron con detenerlo por las denuncias realizadas en el programa radial del exalcalde, Oswaldo Zerpa, sobre la escasez de gasolina, comida, gas doméstico y del agua potable en Chabasquén” afirmó Rodríguez, quien explicó que el acoso de los cuerpos de seguridad del régimen y de algunos colectivos se ha venido repitiendo desde comienzos de año contra los coordinadores del municipio Sucre, Erasmo Sánchez y de Unda, Manuel Andrade, luego que fijaron su postura ante los problemas que padecen en la zona alta.
De acuerdo a la responsable regional de VP, en febrero a Sánchez lo habrían golpeado salvajemente activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y a Andrade le quemaron parte de su siembra de plátanos en un lote de terreno propiedad de su familia.
“Ante la opinión pública hacemos responsable al teniente Montoya de la GNB de lo que pueda sucederle al abogado Andrade, a su familia o a nuestra dirigencia de Unda”, manifestó Rodríguez
Por otra parte, la dirigente de la tolda naranja exigió al gobernador de la entidad, Rafael Calles, dar explicaciones sobre la masacre del Centro Penitenciario de Los Llanos, considerando su silencio inexplicable y cómplice. “Es intolerable la indiferencia del mandatario regional ante este hecho que se produce en sus narices. No hay hasta ahora, información sobre los nombres de los fallecidos ni el número total de víctimas”.
Rodríguez indicó que por fuentes extraoficiales, sabemos que hay 63 actas de defunción en el CICPC y lo que pasa dentro del CEPELLA aún no se sabe, porque familiares de los privados de libertad temen que hayan sido asesinados y enterrados dentro del penal.
Finalmente, la responsable regional, reafirmó sus palabras de apego a la Constitución y respeto a los Derechos Humanos. Además, aseveró que “es necesario que el país, el mundo y los familiares de los reclusos sepan la verdad de los hechos”.
NP