Una mujer, de más de 60 años y natural de Venezuela, aceptó una condena de tres años de cárcel en España por captar a mujeres en situación de vulnerabilidad en Colombia y convencerlas para viajar hasta el país europeo, donde eran explotadas como prostitutas.
El magistrado de la Audiencia Provincial de Segovia (centro), Ignacio Pando, adelantó este martes el fallo de la sentencia después de que la Fiscalía y las dos defensas -de ella y de otro acusado- se mostraran conformes con el acuerdo alcanzado.
La procesada reconoció los hechos y su responsabilidad como cómplice de un delito de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, por el que fue condenada a dos años y medio de cárcel.
También admitió amenazas contra una de las mujeres captadas, por lo que fue condenada a otros seis meses de cárcel, además de una multa por actuar contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
El otro acusado, también venezolano, aceptó su participación en los hechos y la condena de dos años y medio de cárcel como cómplice de un delito de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual y la multa por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Cada uno de ellos deberá pagar además 3.000 euros de indemnización a una de las víctimas, que prestó declaración como testigo protegido en la instrucción del proceso.
Ambos cumplían prisión provisional en Colombia desde que fueron detenidos allí en junio de 2021 por una orden internacional, librada por un Juzgado de Segovia, hasta que fueron trasladados a España el pasado 4 de marzo; ahora ambos están en prisión.
En un principio, la Fiscalía había pedido diecinueve años de cárcel para ella y quince para él.
Según la fiscal, y como reconocieron los procesados este martes, hasta septiembre de 2018 ambos convencían a las mujeres en Colombia mediante engaño o prevaliéndose de su vulnerabilidad social o económica, las preparaban para entrar ilegalmente a España y pagaban sus viajes.
Después, otras tres personas recibían a las víctimas en España y las llevaban a un prostíbulo de una localidad segoviana, donde ejercían la prostitución para abonar la supuesta deuda que habían contraído por el viaje.
Las víctimas, que no tenían permiso de residencia ni de trabajo, estaban sometidas a un férreo control.