El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cinco rusos y dos comerciantes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) de formar parte de un esquema de evasión de sanciones globales y lavado de dinero, a través del uso de criptomonedas para contrabandear petróleo y obtener tecnología militar estadounidense para empresas rusas sancionadas.
Los acusados son: Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, también conocida como “Lana Neumann”, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov, Juan Fernando Serrano Ponce, también conocido como “Juanfe Serrano” y Juan Carlos Soto.
“Serrano Ponce y Soto negociaron acuerdos por valor de millones de dólares entre PDVSA y NDA GmbH, que se canalizaron a través de un complejo grupo de empresas ficticias y cuentas bancarias para disfrazar las transacciones. En una comunicación con Serrano Ponce, Orekhov admitió abiertamente que estaba actuando en nombre de un oligarca ruso sancionado, diciendo: “Él [el oligarca] también está bajo sanciones. Es por eso que [estamos] actuando desde esta empresa [NDA GmbH]. Como fachada”. El esquema también involucró documentos de envío falsificados y superpetroleros que desactivaron sus sistemas de navegación GPS para ocultar el origen venezolano de su petróleo”, detalló un comunicado del Departamento de Justicia.
El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, informó que los acusados fueron facilitadores criminales de los oligarcas, orquestando un esquema complejo para obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense y petróleo sancionado por Venezuela «a través de una gran cantidad de transacciones que involucran empresas ficticias y criptomonedas».
Peace, asimismo, señaló que «sus esfuerzos socavaron la seguridad, la estabilidad económica y el estado de derecho en todo el mundo” y por ello, aseveró que seguirán «investigando, interrumpiendo y enjuiciando» a quienes alimentan la brutal guerra de Rusia en Ucrania, evaden las sanciones y perpetúan la economía clandestina del lavado de dinero transnacional.
El subdirector a cargo de FBI, Michael J. Driscoll, aseguró que fue desmantelada «una red sofisticada» que estaba integrada directamente con empresas estatales corruptas, que a sabiendas buscaban ocultar el robo de tecnología militar estadounidense y sacar provecho de negocios negros.
“Esta red planeó adquirir tecnología sofisticada en apoyo directo de un complejo industrial militar de la Federación Rusa que se tambalea. Si bien los adversarios de Estados Unidos pueden buscar medios innovadores para socavar a Estados Unidos, se encontrarán continuamente con la determinación del FBI al descubrir y superar incansablemente todas las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, sin importar dónde busquen refugio seguro», aseveró.
Los acusados enfrentan 12 cargos y si llegan a declararlos culpables, podrían tener una pena máxima de 30 años de prisión.
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