El piloto iraní demorado en la Argentina y bajo investigación judicial, realizó en el último año y medio al menos trece viajes desde Irán a Venezuela, muchos de ellos antes del presunto acuerdo comercial de Mahan Air (la firma iraní) con la firma aérea del gobierno de Nicolás Maduro. Para esos viajes tripuló aviones de carga bajo la bandera de Conviasa, la estatal venezolana que habría incorporado a su flota el Boeing 747 a Mahan Air que permanece secuestrado por orden del juez Federico Villena. Además de nuevos informes del FBI, la justicia también busca reconstruir sus itinerarios previos al arribo a nuestro país, para determinar el verdadero motivo de su viaje.
La semana pasada, la fiscal federal Cecilia Incardona pidió profundizar la investigación sobre el piloto iraní Gholamreza Ghasemi y su posible vinculación con «el terrorismo internacional». El planteo lo formuló después de analizar la documentación del FBI y otros informes de inteligencia de organismos extranjeros. De esta manera, en el expediente judicial se deja de lado la hipótesis del gobierno respecto a la identidad del ciudadano iraní, como también la tesis del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), respecto a que sólo se trataba de un instructor de vuelo, como los demás tripulantes iraníes.
En base a un conjunto de irregularidades que fueron detectadas en base a la documentación de la aeronave y que expuso también la documentación proveniente del FBI como del Tesoro de Estados Unidos, la fiscal pidió indagar «si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas».
Por ese motivo se profundiza la pesquisa para determinar si eventualmente el proceder del piloto iraní y la tripulación «constituye un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización».
Cuando se argumentaron las sospechas sobre el piloto iraní, se ordenaron una serie de medidas tendientes a explicar sus movimientos previos al vuelo que aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza el 6 de junio pasado.
Según pudo saber Clarín de fuentes allegadas al caso, entre el 27 de octubre de 2020 y el 3 de junio de este año Ghasemi realizó al menos trece viajes entre Teherán y Caracas. Sólo figuran en el listado dos registros viajando a Nicaragua y a Cuba.
Todos esos viajes el piloto iraní los realizó en tres aviones de cargo de la empresa estatal venezolana, Conviasa.
El primer vuelo -y varios de los que le prosiguieron- se hizo mucho antes del acuerdo comercial entre Mahan Air y Conviasa. Aunque ese dato también es cuestionado, el Boeing 747 habría sido transferido a Emtrasur -subsidiaria de Conviasa- el 22 de enero de este año.
El juez Villena también aguarda documentación sobre los acuerdos comerciales entre Venezuela y la firma iraní, que permitan echar luz sobre estos datos.
Las dudas aumentaron cuando la justicia accedió a otro documento según el cual la aeronave continuaría en manos de Mahan Air, con un acuerdo de operación a cargo de Conviasa. La fiscal Incardona expuso en su último dictamen que la firma Qeshm Fars Air figura en el plan de vuelo como dueña original de la aeronave.
Esta aerolínea iraní fue apuntada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su supuesta participación directa en la actividad terrorista. Las autoridades del FBI informaron que Gholamreza Ghasemi «es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto».
Nota completa El Clarín