La abogada y directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, Lilia Camejo Gutiérrez, señaló este domingo que la persecución contra militares activos y funcionarios castrenses retirados, así como la tortura contra presos políticos; no se detiene ni en época de cuarentena en Venezuela.
La experta en justicia penal militar precisó que desde que se impuso el confinamiento obligatorio en el país, se han registrado diversos hechos que engrosan el expediente de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), injustamente presos.
Entre estos sucesos, destacó el traslado arbitrario de un grupo de presos políticos militares, por parte de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el pasado 20 de abril, de la cárcel Cenapromil, en Ramo Verde, con rumbo desconocido hasta la fecha. Según Camejo, figuran entre estos el mayor (GN) Abraham Suárez Ramos, el capitán (GN) Jesús María Alarcón Camacho y los coroneles (GN) Pedro Javier Zambrano Hernández y José Rommel Acevedo Montañez.
Además citó la captura de un grupo de capitanes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), presuntamente vinculados al plan de asalto del destacamento 441 ubicado en Puerta Morocha, kilómetro 33 de la carretera Panamericana, en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda. Sobre estos agregó que se desconoce la situación en que se encuentran.
En referencia a este último tema, Camejo refirió el ascenso de la lista de 219 militares presos por defender la constitución que manejaba esta organización hasta el día que inició el confinamiento en Venezuela.
La profesional del derecho cuestionó de forma enfática que se sigan violando los derechos humanos de estos militares, en lugar de atender el llamado de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ha instado a los gobiernos del mundo a permitir que los presos sean trasladados a sus hogares ante los riesgos que supone la propagación del COVID-19 en los centros de reclusión.