Una propuesta de ley que busca otorgar residencia permanente a cientos de miles de migrantes venezolanos que ingresaron a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2021, tendría “pocas” posibilidades de ser aprobada en el Congreso debido a las visiones encontradas sobre inmigración entre los legisladores, afirman expertos.
El proyecto de ley H.R. 4048 fue presentado el 12 de junio por cuatro congresistas, los demócratas Darren Soto, Debbie Wasserman Schultz y Frederica Wilson, y la republicana María Elvira Salazar. El martes, se añadió como copatrocinadora de la medida Jenniffer González, comisionada residente de Puerto Rico afiliada al partido republicano.
La ley tiene un antecedente en Ley de Ajuste Cubano, que funciona desde 1966 como una vía segura a la residencia permanente en EEUU para los nacionales de la isla que cumplan sus requisitos.
“Aunque es poco posible que obtenga el apoyo bipartidista necesario para ser aprobada en el Congreso, la propuesta Ley de Ajuste Venezolano refleja el interés de buscar una solución que brinde estabilidad y protección a ciertos inmigrantes venezolanos indocumentados que hayan entrado a el país de manera irregular antes del 2022”, dijo a la Voz de América Ariel Ruiz Soto, analista de políticas públicas del Instituto de Política Migratoria (MPI).
Un «activo para la nación»
La aprobación de una legislación de este tipo significaría un drástico cambio en las vidas de unos 400.000 venezolanos que entraron en EEUU antes de 2022, y que en su mayoría son «profesionales con mucho que ofrecer a este país», insistió Mildred Rodríguez, directora de My Voice Counts (Mi Voz Cuenta), la organización comunitaria que llevó la propuesta a los congresistas.
«No estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de una situación compleja», advirtió Rodríguez sobre la seria crisis económica y humanitaria en Venezuela, quien defendió la falta de libertades y la «migración forzada» a la que se han visto obligados los venezolanos como una de las razones por las que este proyecto debe ser considerado.
Detalló sobre el trabajo de «educación» que llevan a cabo en las oficinas de representantes y senadores estadounidenses, porque quieren que «sea un esfuerzo bipartidista» que ofrezca «libertad» a cientos de miles de venezolanos que no pueden acceder a puestos de trabajo calificado por no tener la documentación requerida.
«No somos una carga pública, la mayoría pagamos impuestos, la mayoría son profesionales (…) Estamos demostrando que somos un activo para la nación y esto es lo que queremos ofrecerle a este país», defendió Rodríguez.
Para Lizmary Fuentes, la eventual aprobación de la Ley de Ajuste Venezolano sería “una bendición” que la libraría de “estar todo el tiempo con el corazón en la boca”. Según la caraqueña, que lleva casi seis años viviendo en Miami, el no tener una tarjeta de residente y solo un permiso temporal de trabajo le dificulta hasta “abrir una cuenta en el banco y pedir préstamos para avanzar el negocio”.
Contadora de profesión en su natal Venezuela, Fuente se reinventó cuando llegó a EEUU y desde hace cuatro años cocina y distribuye almuerzos y cenas a domicilio, pero su sueño es “abrir un puesto o un food truck para ofrecer almuerzos” en zonas de obras y oficinas. “Sin mis papeles, no puedo crecer y llegar a lo que quiero”, lamenta.
En la misma situación está Antony, que a pesar de que tiene un permiso de trabajo y una petición de asilo en trámite, no se siente “seguro sin una green card” y afirma que a veces se deprime por estar “pasando tanto trabajo desde hace años”.
“Lo que tienen los cubanos es muy bueno, y yo no lo digo de mala forma, porque ellos han pasado por mucho, desde hace más tiempo que nosotros, pero creo que también con nosotros deberían tener esa diferencia, porque lo que está pasando Venezuela es muy triste, mucha necesidad, mucha falta de libertad, por eso me fui, con el dolor de mi corazón, pero me tuve que ir”, lamentó.
Una carga menos para las cortes de inmigración
Lily Axelrod, abogada de inmigración, explicó a la VOA que una Ley de Ajuste Venezolano haría “dramáticamente más fácil” el proceso legal para venezolanos que quieren regularizar su estatus, evitándoles pasar “por la locura del proceso de asilo en las cortes de inmigración”.
“Una solicitud de green card, aunque requiere verificación de antecedentes y -a veces- entrevista, por lo general esto no debe durar más de 20 minutos. Pero la entrevista de asilo o de miedo creíble puede durar de tres a ocho horas o varios días”, explicó Axelford.
Aunque la medida cuenta con cinco patrocinadores, “sería muy difícil” aliar las visiones demócratas y republicanas, en el caso de estos últimos, explicó Ruiz Soto, “posiblemente argumentaran que esta propuesta podría motivar a más inmigración irregular, especialmente con los recientes aumentos significativos de venezolanos que están llegando a la frontera Estados Unidos-México”.
La congresista María Elvira Salazar aseguró a la VOA que “el motivo para reintroducir la Ley de Ajuste Venezolano es que los venezolanos son la mayor población refugiada del mundo (unos 5,5 millones a fines de 2022) y las cosas no mejoran en Venezuela”.
La Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) estima que hay aproximadamente 545.000 venezolanos en EEUU, y aunque algunos de ellos podrían beneficiarse de una ley de ajuste, “la naturaleza a largo plazo de la diáspora forzada de Venezuela” que sigue saliendo de su país “requerirá un alivio continuo”, dijo a la VOA Alexandra Villarreal, asociada de políticas y abogacía del Foro Nacional de Inmigración de EEUU.
“En un Congreso dividido, incluso una legislación bipartidista muy necesaria como esta requerirá mucho impulso para avanzar…Estados Unidos debería considerar vías humanitarias adicionales seguras, ordenadas y confiables”, agregó Villarreal.
La intención detrás del proyecto es que se homologue la Ley de Ajuste Cubano, sin embargo, las condiciones y la situación política en el país son muy diferentes a las de hace más de medio siglo.
“Me resulta difícil imaginar que el Congreso de Estados Unidos apruebe una Ley de Ajuste Venezolano, parecida a la Ley de Ajuste Cubano de 1966”, dijo a la VOA el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, Jorge Duany.
El investigador recordó que “ya se había presentado un proyecto de ley (H.R. 7854) ante la Cámara de Representantes en 2022 y no tuvo éxito, al no salir del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía”.
Para el profesor, a pesar de que esta nueva versión cuenta con un apoyo bipartidista, “ no parece haber un consenso mayoritario bipartidista en estos momentos para permitir la legalización de unos 400.000 inmigrantes venezolanos en EEUU”.