Fundaredes informó este miércoles que en 2021 se registraron, al menos, 317 presuntos enfrentamientos en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, en los que 439 personas murieron, lo que representa 45% del total de las víctimas de homicidio en dichas regiones.
«Casi la mitad de ese tipo de muertes violentas fue causada por funcionarios que deben velar por la seguridad de la población y cumplir con los procedimientos formales que establecen las leyes, los cuales no prevén la muerte de los detenidos o sospechosos», aseguró la organización en su informe anual, correspondiente a 2021.
La coordinadora de documentación y derechos humanos de Fundaredes, la abogada Clara Ramírez, aseguró a Efe que estas muertes ocurrieron en medio de enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del Estado y bandas criminales, así como entre grupos armados irregulares, que no son «exclusivamente la guerrilla sino también bandas con alto poder de fuego que operan en estados fronterizos».
Además, señaló que también se incluyen muertes en algunas ejecuciones extrajudiciales «que las quieren hacer pasar por enfrentamientos».
En el informe, la ONG precisó que los organismos de seguridad del Estado con más responsabilidad en estos hechos fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana, policías regionales y municipales, el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales.
«Los grupos irregulares han coexistido con fuerzas del orden público, que mantienen en muchos casos actitud displicente ante el sufrimiento de la población», aseveró Fundaredes.
En el año 2021, indicó, se documentó un total de 979 víctimas de homicidio en los estados fronterizos, de los cuales 872 eran varones y 76 féminas -39 de ellos, niños y adolescentes-, mientras que de las 31 víctimas restantes no se pudo determinar el género.
Fundaredes detalló que, aunque las armas de fuego fueron las más utilizadas en los homicidios (804 casos), también se registró el uso de armas blancas en 91 muertes. Otras 36 personas murieron por golpes con objetos contundentes y 15 fueron estranguladas, mientras que en 33 casos no se determinó el arma utilizada.
«La consagración del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho constitucional venezolano, bajo cuyos postulados el derecho a la vida es inviolable, constituye letra muerta para muchas familias que se han visto afectadas por la situación de violencia que se vive en el contexto fronterizo venezolano», aseguró la organización.
Sostuvo que el Estado ha permitido «las acciones de grupos armados irregulares, bandas criminales con alto poder de fuego e incluso organizaciones internacionales del narcotráfico que, desde instancias del poder, han recibido respaldo para actuar en asociación con los cuerpos de seguridad en la apropiación y control de territorios estratégicos para el desarrollo de actividades ilícitas».
Refirió que los grupos armados irregulares «han tomado, para su uso, fincas de propiedad particular, las cuales convierten en espacios para sus acciones criminales».
Por otra parte, Fundaredes denunció que su fundador y director general, Javier Tarazona, «permanece arbitraria e injustamente detenido» desde julio de 2021 y que, hasta la fecha de publicación del informe, «aún no se ha llevado a cabo el respectivo juicio».