Gladys Gutiérrez, sancionada por Estados Unidos, vuelve a ser presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista, anunció este miércoles la propia magistrada, un día después de la designación de nuevos integrantes de la corte ilegítima.
«Asumimos nuevamente esta responsabilidad», dijo en una declaración transmitida por la televisión estatal la abogada de 60 años, quien presidió el TSJ entre 2013 y 2017. «Estamos comprometidos a ser muy exigentes con nosotros mismos para honrar el compromiso y la confianza que se ha depositado en nosotros», expresó.
Gutiérrez fue acusada de favorecer al régimen con sentencias que socavaron las funciones del Parlamento legítimo de 2015, controlado por la oposición.
Esos fallos impidieron a los congresistas revisar designaciones de magistrados hechas a última hora por la mayoría chavista saliente, y convalidaron poderes especiales para el dictador socialista.
Washington la sancionó en mayo de 2017, junto con otros siete magistrados, por «usurpar» funciones legislativas.
Las sanciones implican la congelación de todos los bienes que pudiese tener en Estados Unidos, así como la prohibición a ciudadanos e instituciones estadounidenses de hacer negocios con ella.
La junta directiva del TSJ «ha sido designada por unanimidad», dijo Gutiérrez al juramentarse, un día después de que el Parlamento, en el que el chavismo recobró la mayoría tras nuevos comicios en 2020, escogiera a los magistrados de la máxima corte para los próximos 12 años.
Ello, luego de tres meses de selección entre más de 400 candidatos, según la Asamblea Nacional chavista, que redujo de 32 a 20 los integrantes del TSJ y mantuvo a antiguos miembros acusados de ser leales al gobierno.
La Constitución establece que los magistrados deben elegirse por un período «único» de doce años, pero el presidente saliente, Maikel Moreno, y otros once magistrados se mantienen en la máxima corte.
Destaca entre los nuevos nombramientos el de la exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tania D’Amelio, próxima al chavismo, aunque también fueron designados magistrados vinculados con la oposición como José Luis Rodríguez, Elías Bittar y el suplente Luis Emilio Rondón.
Los anuncios se enmarcan en «una revolución judicial» ordenada por Maduro en 2021, que ha implicado reformas a leyes y normas penales.
Un sector de la oposición en el actual Parlamento se halló «satisfecho», pero el ala que lidera Juan Guaidó consideró los nombramientos una «imposición ilegítima» que «profundiza la crisis institucional en Venezuela».
AFP.