La paz total que parece querer alcanzar Gustavo Petro en Colombia, no está cerca de lograrse, de acuerdo a un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicado este miércoles.
Allí se asegura que si bien hubo una disminución en los conflictos al iniciar las conversaciones, las confrontaciones se volvieron a intensificar y los grupos armados siguen aprovechando la debilidad institucional en algunas regiones en la zona fronteriza con Venezuela.
De esa manera, la guerrilla continúa ejerciendo control social en las áreas donde operan, con violencia a niños y adolescentes mediante el reclutamiento forzado y la violencia sexual.
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También se destaca que la guerrilla sigue sustituyendo las funciones del Estado e imponiendo su propia justicia, según este reporte de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia aprobado por el Consejo Permanente de la OEA.
El texto además revela cómo están organizados los distintos grupos posteriores a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército del Pueblo (EP), y continúan agrupándose en torno a dos macroestructuras: el Estado Mayor Central FARC-EP liderado por alias “Iván Mordisco”; que en un momento se dijo que había muerto y luego reapareció y la Segunda Marquetalia FARC-EP, comandada por alias “Iván Márquez”.
Márquez fue herido el año pasado en Venezuela y atendido en un hospital en Caracas, amparado por el régimen de Nicolás Maduro.
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Ambas estructuras se mueven a sus anchas por esa zona fronteriza, entre los dos países. Sin embargo, resalta que, entre agosto y septiembre de 2022, hubo una disminución de las confrontaciones entre los grupos armados ilegales en varios departamentos, como Arauca fronterizo con Apure, Bolívar, Cauca, Chocó y Putumayo, debido a la intención de algunos de estos grupos de sumarse a la política de paz total impulsada por el gobierno del izquierdista Gustavo Petro.
Esta dinámica, sin embargo, se vio interrumpida entre octubre y noviembre por la reanudación o intensificación de algunas disputas. En diciembre, algunos grupos armados anunciaron ceses al fuego unilateral, lo que en ocasiones provocó una reducción temporal de los enfrentamientos directos, pero en otros casos se mantuvieron junto con el control de territorios y acciones alternativas.
Según el reporte de la OEA, persisten agresiones directas a la vida, libertad e integridad personal de la población, debido a que los grupos armados aprovechan la debilidad institucional y la falta de servicios públicos para buscar aceptación por parte de las comunidades.
Asimismo, sostiene que el no pago de extorsiones conlleva represalias que van desde “multas y trabajos forzosos hasta amenazas, desapariciones, desplazamientos y homicidios”.
Los grupos armados ilegales también restringen la movilidad de la población en varias regiones imponiendo horarios de toque de queda y además, exigen afiliación a juntas de acción comunal, participación en actividades comunitarias y carnetización de la población, algo que innumerables veces distintas ONG en Venezuela han denunciado. Y por estas mismas denuncias que ratificó la OEA este miércoles, fue detenido Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien se encuentra privado de libertad desde hace dos años.