Varios defensores de derechos humanos (DD.HH) advirtieron el temor y miedo que tienen por el aumento de represión hacia más de 250 presos políticos de manera progresiva para frenar las acciones de la disidencia en un futuro escenario electoral con los comicios presidenciales.
La denuncia se reiteró debido al avance silente de agresiones o atropellos que esperan por la acción de la Corte Penal Internacional (CPI). Esto debido al informe anual del instituto Casla de Praga que fue presentado por Tamara Suju ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denuncia 54 víctimas de torturas físicas y psicológicas. Además del nivel de aprobación encabezado por el Ejecutivo nacional, tal como lo ubican desde el manual de operaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Para el abogado Marino Alvarado la represión continúa y se aprecia en casos tan simples, como los trabajadores de Guayana detenidos desde hace tres meses y que fueron presentados a tribunal quedando bajo régimen de presentación. Lamenta que sólo reclamaban sus derechos de un salario suficiente a sus necesidades.
También menciona que el programa «Con el mazo dando» dirigido por el diputado, Diosdado Cabello, es otro de las referencias de amenazas contra dirigentes políticos de oposición y dirigentes sociales. «Se demuestra que no hay voluntad del Gobierno al mantener más de 250 presos políticos», reclama y rechaza las órdenes de captura contra la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) de 2015.
Por su parte, Rafael Narváez, como defensor de derechos humanos, toma como referencia al informe de determinación de los hechos del consejo de derechos humanos de la ONU y cómo ha sido el avance de la CPI ante la denuncia de represión, trato cruel y torturas del Estado.
Recuerda que no han mejorado las condiciones en ese alrededor de 287 presos políticos, quienes son víctimas de retardo procesal con audiencias suspendidas. Lamenta que se ignora el artículo 29 de la Constitución Nacional que recuerda la obligación de investigar y sancionar aquellos delitos contra los derechos humanos cometidos por autoridades. Mientras no pueden ser escuchados, tienen dificultad para mostrar las pruebas, trabas en la presunción de inocencia y violan los derechos de imputados con la pérdida de audiencias que siguen dejando en peligro sus vidas en centros de reclusión.
Con información de LA PRENSA DE LARA