La abogada y directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo Gutiérrez, alertó este lunes que presos políticos militares sumaron cinco meses en cuarentena extrema, sin contacto con sus familiares o personas ajenas a los recintos penitenciarios donde se encuentran. Insistió en que esta situación está afectando gravemente la salud física y emocional de los privados de libertad.
Manifestó que es necesario que el Poder Judicial venezolano se reactive, con las medidas de bioseguridad necesarias, para permitir que las defensas técnicas de estos oficiales institucionales presos por razones políticas puedan realizar las diligencias pertinentes para tramitar medidas humanitarias que les permitan a sus defendidos resguardarse de la pandemia en casa, con sus familias.
Sobre este punto, Camejo puso como ejemplo a los detenidos de la Operación Gedeón: «Lo lleva el Tribunal 4o de Terrorismo, estos oficiales fueron acusados y nosotros como defensa técnica no hemos tenido acceso a los actos conclusivos para poder ejercer nuestro trabajo (…) Venimos haciendo un llamado al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia para que busquen mecanismos para reactivar audiencias preliminares, de juicio se respeten los lapsos procesales en las diferentes etapas».
Camejo recalcó que, según el balance de la organización que encabeza, existen 260 uniformados, de diversos rangos, detenidos por razones políticas. Advirtió que se trata de vidas que corren grave peligro ante la proliferación del COVID-19 en el país. Al ser consultada sobre los posibles casos de coronavirus en la cárcel de Ramo Verde, la jurista detalló que «afortunadamente» al hacerse las pruebas correspondientes los sospechosos dieron negativo.