Para algunos expertos, el próximo objetivo de Nicolás Maduro será excluir a las organizaciones no gubernamentales (ONG) del país, lo que sería un viejo anhelo del dictador para lo cual presentó un primer borrador de ley en 2005, cuando fungía como presidente de la Asamblea Nacional.
Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia sostiene que la Ley de Cooperación Internacional que se discute en la Asamblea Nacional designada en el año 2020 puede llevar al país a un escenario similar al de Nicaragua. “Como siempre los perjudicados son los más débiles, a los que el Estado no quiere escuchar ni atender”, explica Daniels.
En un comunicado de prensa, la organización sostiene que en el artículo 14 de la Ley de Cooperación Internacional se prevé «la creación del polémico Fondo de Cooperación Internacional, el cual se nutrirá de los legados, donaciones, transferencias y otros recursos que para el apoyo a la cooperación entre países reciba de otros gobiernos, de organismos internacionales, de fuentes cooperantes e instituciones públicas y privadas ya sean nacionales o extranjeras”
En el texto legal que se pretende aprobar se le otorga a Maduro “la tarea de dictar un reglamento para regular los demás aspectos no previstos en la ley. Una misión que el jefe de Estado deberá cumplir en noventa días, de acuerdo con la disposición transitoria segunda”. Esto abre las puertas para que sea el Gobierno quien imponga restricciones u obstáculos adicionales a la labor de las ONG, en especial si opta por crear el organismo previsto en el artículo 11, el cual «afectará sobre todo a la cooperación internacional en materia humanitaria, ya que difícilmente quienes aportan recursos querrán entregarlos a un fondo del Gobierno. Al final serán los más vulnerables, aquellos que reciben el apoyo de las organizaciones que trabajan en materia humanitaria, los que realmente se verán perjudicados por este tipo de medidas”.
-Viejo anhelo de Maduro-
El primer borrador de la Ley de Cooperación Internacional se redactó durante el año 2005 y fue aprobado en primera discusión por el Parlamento venezolano en 2006, cuando Nicolás Maduro era presidente de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, la presión nacional e internacional logró que la idea se engavetara hasta 2010, cuando la entonces presidenta de la Asamblea Nacional Cilia Flores intentó aprobarlo nuevamente. La presión internacional logró evitar este segundo intento de ilegalizar a las ONG.
El tercer intento ocurrió en 2015, con Diosdado Cabello al frente de la Asamblea Nacional. La derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias de ese año provocó que la discusión se pospusiera.
Debe destacarse que en la versión de la Ley de 26 artículos que se discute en este momento queda entendido que, si los informes o denuncias de las ONG sirven para sustentar eventuales condenas internacionales y éstas a su vez son utilizadas por para justificar contra funcionarios públicos o incluso el Estado venezolano, entonces las autoridades podrían responsabilizar a las organizaciones por estas acciones.
Entre 2020 y 2021, las autoridades emprendieron una ofensiva contra la sociedad civil, la cual incluyó la providencia que obliga a las agrupaciones y asociaciones civiles a registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo y la orden de la Superintendencia de Bancos (Sundedan), para que las instituciones financieras vigilaran las cuentas de las ONG. También durante esos meses se produjeron allanamientos a sedes de esas instancias y detenciones de varios activistas, siendo uno de los más emblemáticos el del director de Fundaredes, Javier Tarazona.
Según Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización Provea, “se está materializando una amenaza que estaba latente, que era la promoción de esta AN ilegítima, de una Ley para restringir y eliminar la recepción de fondos por parte de organismos internacionales para el trabajo de la sociedad independiente».
Desde la perspectiva de Uzcátegui la exposición de motivos de la Ley de Cooperación Internacional “es un discurso incendiario de naturaleza panfletaria e incluso califica, por ejemplo, al Grupo de Lima como al Cartel de Lima. Se habla de los enemigos internos y de las personas que supuestamente están haciendo desestabilización del gobierno”.
Deborah Van Berkel, presidenta de Sinergia, explica que el contexto de Venezuela es muy complejo “para limitar la acción de organizaciones que están haciendo un trabajo arduo en el campo humanitario, de atención de situaciones de poblaciones vulnerables, un campo donde las organizaciones están haciendo un gran esfuerzo por tejer redes de solidaridad y apoyo a situaciones complicadas que viven los venezolanos en todo el territorio (…) Este trabajo solidario, comprometido, de defensa de derechos puede ser afectado si el proyecto de ley, tal como está planteado en este momento, fuera aprobado definitivamente en la Asamblea”.
El Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos (conformada por organizaciones como PROVEA, Espacio Público, COFAVIC, entre otros), sostienen que la ley “es una amenaza para su trabajo en beneficio de la sociedad venezolana (…) La Ley plantea graves restricciones a la actividad de las ONG, trabajo que incluye el acompañamiento de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos, acciones de capacitación y formación, impulso del desarrollo social, promoción del deporte, la ciencia y la salud”.
Entre los cuestionamientos concretos al proyecto de ley, las organizaciones que conforman el Foro por la Vida sostienen que se presupone la ilegalidad en las actividades de las organizaciones al exigirles entregar toda su información al Estado; establece un control que legitima la disposición de los fondos de las organizaciones y su adjudicación a discreción y criminaliza la acción de las ONG de derechos humanos y las estigmatiza en sus posibles interacciones con otros países o entidades de la comunidad internacional
Con información de Diario Las Américas.