Más de 60 organizaciones no gubernamentales pidieron este martes a la Iglesia católica venezolana «investigar y sancionar» a los responsables de delitos sexuales tras una investigación del diario The Washington Post que afirma que sacerdotes condenados por abusos contra niños pudieron retomar sus funciones.
«Instamos a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), a pronunciarse, investigar y sancionar a los responsables de los casos de pederastia señalados en el artículo del Washington Post, fijando posición con respeto a las víctimas que se encuentran afectadas psicológicamente y en situación de vulnerabilidad extrema», reseña un comunicado suscrito por 66 oenegés.
The Washington Post publicó hace una semana una investigación de 10 casos que «involucran denuncias de abuso sexual infantil» contra sacerdotes en Venezuela.
El diario estadounidense encontró que en la mitad de los casos de «condenados por cargos de abuso» entre 2001 y 2022 «fueron liberados antes de tiempo» o «no cumplieron ningún» período en prisión.
«En al menos tres casos, a los sacerdotes se les permitió regresar al ministerio», añade el texto.
Las organizaciones demandan atención a estos casos y reclaman al Estado cumplir «con la protección de los niños, niñas y adolescentes» que son víctimas de abusos.
En una entrevista con la AFP, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, afirmó que su despacho está trabajando frente a estos casos.
«La jerarquía eclesiástica es la que tiene que responder frente a eso. Nosotros tenemos abiertos casos con imputaciones, con acusaciones, con condenas contra miembros de la Iglesia que lamentablemente cometieron actos en contra de la familia venezolana», indicó Saab tras una petición de comentario sobre las denuncias.
«Terrible es el fondo de ese reportaje, que te dice que luego de que el Estado venezolano, la justicia venezolana, los sanciona, en vez de ellos quedar execrados, expulsados de la Iglesia y del servicio, más bien son premiados», continuó.
No se puede «hablar de justicia si los agresores son encontrados culpables pero puestos en libertad, debido a nexos de poder entre autoridades de la Iglesia católica y organismos de Justicia del Estado venezolano», insisten las ONG.
Las organizaciones aseguran que puede haber otros casos como el del sacerdote Luis Alberto Mosquera, de 63 años, que fue condenado en 2006 a siete años de prisión por abuso sexual, y puesto en libertad sin cumplir condena completa.
Fue «puesto en libertad en 2008 y reasignado a otra parroquia, dentro del mismo estado», acusan los defensores de derechos humanos.
Según la investigación del diario, se registraron casos en otras regiones de Venezuela.
AFP.