El 12 de julio de 2021, el diputado y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, fue víctima de desaparición forzada tras estar más de 55 horas detenido arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), por presuntos vínculos con extremistas y grupos paramilitares colombianos. El arresto del diputado Guevara, se da un momento crítico donde el número de casos por coronavirus continúa aumentando y donde la crisis económica, política, sanitaria y alimentaria, que ha generado millones de desplazados y miles de muertos en el país, sigue causando estragos estructurales, institucionales, políticos y sociales.
Las crisis de legitimidad que vive el país se esperaba que culminara en el 2015 cuando se celebraron las votaciones parlamentarias donde la oposición logró unos resultados históricos tras obtener mayoría en la Asamblea después de 16 años de gobierno chavista. No obstante, desde que Nicolás Maduro llegó al cargo tras el fallecimiento de Hugo Chávez, las políticas implementadas por el régimen han socavado y pormenorizado los principios e instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Sistemáticamente se han encarcelado opositores, reprimido con violencia a manifestantes, juzgado a civiles en tribunales militares y ejecutado desapariciones forzosas y torturas, entre otras graves violaciones de los derechos humanos. En varias ocasiones, PGA se ha pronunciado respecto a estos ataques en contra de legisladores, ciudadanos y grave retroceso democrático que vive el país.
Actualmente, la Corte Penal Internacional (CPI) tiene dos exámenes preliminares abiertos en Venezuela. El primero, Venezuela I, se inició el 8 de febrero de 2018 tras la remisión de la situación a la Fiscalía por parte de un grupo de Estados Partes del Estatuto, a saber, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 2017. El segundo, Venezuela II, fue remitido por el Gobierno de Venezuela el 13 de febrero de 2020 de acuerdo con sus prerrogativas como Estado Parte, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en su propio territorio. El 5 de julio de 2021, la Oficina del Fiscal de la CPI rechazó la impugnación de control judicial interpuesto por el régimen de Maduro por su improcedencia y por ser prematuro, y se espera que la investigación por grave violaciones graves de los derechos humanos siga su curso.
Los exámenes preliminares iniciados por la exfiscal de la CPI, Sra. Fatou Bensouda, ponen de manifiesto la gravedad de la situación por la que atraviesa el país y la necesidad urgente de tomar medidas más oportunas que reestablezcan el sistema democrático en el país y un sistema garantista de los derechos fundamentales de todas las personas. PGA recuerda que es el deber de las autoridades venezolanas investigar y enjuiciar a aquellos máximos responsables de la comisión de crímenes atroces para evitar así una impunidad perpetua.
Así mismo, PGA resalta que la detención arbitraria del Dip. Guevara no solo es una violación de su inmunidad parlamentaria, tal como lo establece el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino también una violación de su derecho a la presunción de inocencia y debido proceso.
El diputado Armando Armas, Presidente del Grupo Nacional de PGA en Venezuela, quien junto con otros 33 legisladores y legisladoras también se encuentran en el exilio después de haber sido objeto de acoso y persecución política, se refirió a los hechos como:
PGA hace un llamado a las autoridades venezolanas para que se garanticen los derechos del Dip. Guevara y se proceda con su libertad inmediata e incondicional. Así mismo, exhortamos a las autoridades a proteger la integridad y vida del Dip. Guevara y la del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien también ha sufrido actos de intimidación, amenazas y amedrentamiento.
Ahora que Venezuela se encuentra a las puertas de unas negociaciones de vital importancia, auspiciadas por el Reino de Noruega, para buscar un acuerdo integral que brinde las condiciones necesarias para la realización de elecciones Presidenciales, parlamentarias y regionales, es un momento oportuno para que países de la región y la UE impongan presión sobre el Gobierno para que liberen a todos los presos políticos, civiles y militares que han sido encarcelados por expresar sus ideologías y oponerse al Ejecutivo.