Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, y Manuel Rodríguez, líder de la Plataforma de Ayuda a Venezuela, interpusieron una denuncia por crímenes de odio ante el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, representado por el magistrado Rafael Ortega.
La acción estuvo respaldada por Miguel Henrique, de la Alianza Ciudadana por la Libertad en Venezuela, organización que agrupa a varias entidades solidarias con el pueblo venezolano.
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La denuncia incluye un informe que documenta violaciones graves a los derechos humanos ocurridas desde el 4 de julio de 2024, cuando comenzó la campaña electoral presidencial en Venezuela. Según el documento, estos actos se derivan de la intolerancia ideológica y política, además de la represión contra grupos sociales vulnerables. Entre los hechos denunciados se mencionan:
- Al menos 35 muertes relacionadas con crímenes de odio.
- Más de 1.300 manifestaciones reprimidas violentamente.
- Ataques armados de grupos conocidos como «Colectivos» contra protestas.
- Más de 2.400 detenciones arbitrarias, incluidas de indígenas y periodista52s, con informes de torturas y condiciones inhumanas.
- Discurso de odio y amenazas públicas, incluso por parte de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
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Los denunciantes destacaron que estas violaciones se amparan en un contexto de impunidad que imposibilita el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares.
La fundamentación jurídica de la denuncia recurre a la Ley Constitucional contra el Odio, el Código Penal venezolano, la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, se citaron sentencias de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.