La ONG venezolana Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró 300 casos de persecución y criminalización contra individuos, tanto civiles como militares, y organizaciones no gubernamentales por parte de la dictadura de Nicolás Maduro en el primer semestre de 2022.
“Estas cifras evidencian la existencia de una crisis en derechos, agudizada por la persecución contra toda persona u organización considerada enemiga o disidente de la política del Estado venezolano”, señaló la organización en su más reciente informe publicado en su página web.
Asimismo, indicó que del total de casos identificados, 96 fueron contra trabajadores de medios de comunicación (32%), siendo la categoría de personas “más perseguidas o criminalizadas”.
“También contra 93 agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) (31%) y 69 personas vinculadas con la política (23%)”, agregó.
La organización documentó 27 actos de persecución contra la población en general (9%) y contra 15 organizaciones de la sociedad civil y activistas (5%).
“En cuanto al género, los casos de persecución y criminalización se disgregaron de la siguiente forma: 37 actos contra víctimas mujeres y 176 actos contra víctimas hombres. En 87 de los casos documentados, las víctimas no pudieron disgregarse por género, porque afectaron a un colectivo de sujetos”, explicó Cepaz.
El mes con mayor cantidad de casos fue junio, con al menos 125, seguido de enero con 55.
“El número y el análisis de los casos de persecución y criminalización ejercidos por el Gobierno de Nicolás Maduro da cuenta de que no se trata de hechos aislados, sino que existe una política de Estado de atacar, a través del ejercicio de patrones específicos, a determinadas personas o grupos de personas”, advirtió la organización.
El pasado 17 de agosto, una coalición de 125 ONG exigieron la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre el país, creada por el Consejo de Derechos en 2019 para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos, y cuyo período vence el próximo septiembre.
Voceros de estas organizaciones consideran que “la impunidad que prevalece y los abusos y las violaciones sistemáticas de derechos humanos persisten”.
En 2020, la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela presentó su primer informe en el que acusó al dictador Nicolás Maduro y a otros altos cargos, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de cometer crímenes de lesa humanidad.
Posteriormente, tras la prórroga del mandato de la misión por dos años, en septiembre de 2021, expuso su segundo informe, en el que denunció prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura y la emisión de órdenes de detención “retroactivas” para ocultar arrestos ilegales.
Por su parte, la semana pasada la ONG de Venezuela Foro Penal (FPV) afirmó que en el país hay 246 personas detenidas a las que considera presos políticos, uno más que el pasado 9 de agosto, cuando aseguró que había 245.
La organización indicó que, del total de reos contabilizados, 233 son hombres y 13 mujeres -entre ellos un adolescente-, de los cuales 116 son civiles y 130 militares.
Igualmente, la ONG detalló que, de los 246 presos, 168 esperan por una sentencia de tribunal y 78 han sido ya condenados.
Según Foro Penal, desde 2014 se han registrado 15.774 “detenciones políticas”.
“El Foro Penal ha asistido gratuitamente a más de 12.000 detenidos, hoy excarcelados, y a otras víctimas de violaciones a sus derechos humanos”, aseguró.
La organización denunció que, además de los “presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”.