Un tenedor de bonos venezolanos incumplidos está contemplando un intento de apoderarse de apartamentos frente al mar en Florida pertenecientes a Raúl Gorrín, acusado por fiscales estadounidenses de sobornar a funcionarios venezolanos para obtener contratos, según documentos judiciales.
Esta posible medida de Casa Express Corp, una firma de Florida poco conocida, muestra cómo los acreedores buscan cada vez más activos vinculados a Venezuela. Un juez federal de Estados Unidos dictaminó en noviembre de 2020, que Casa Express tenía derecho a cobrar 43,2 millones de dólares de Venezuela en obligaciones impagas bajo dos bonos que el país incumplió en 2018.
En agosto de 2021, la empresa registró esa sentencia en un tribunal federal de Florida. Los apartamentos son propiedad de dos empresas registradas en Delaware que Estados Unidos dice que son propiedad o están controladas por Gorrín: Posh 8 Dynamic Inc y Planet 2 Reaching Inc, según muestran los registros del condado de Miami-Dade.
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En una presentación del 1 de octubre, un abogado de las dos compañías dijo que Casa Express las había obligado a “presentar una declaración jurada que indique por qué ciertos bienes inmuebles no deben aplicarse para satisfacer la sentencia”. La presentación fue reportada por primera vez por el proveedor de información financiera REDD.
Los abogados de Casa Express y de las empresas de Delaware no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Cualquier intento de Casa Express de apoderarse de los apartamentos enfrentaría múltiples obstáculos, dijo Jay Auslander, socio del bufete de abogados Wilk Auslander que se especializa en la ejecución de sentencias.
“Tendrán que demostrar que Gorrín tiene estos activos para beneficio de Venezuela”, dijo Auslander.
Además, tanto Posh 8 Dynamic como Planet 2 Reaching fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU en 2019, lo que impidió que las empresas estadounidenses se ocuparan de ellos. Casa Express necesitaría una licencia de la OFAC para confiscar los activos, dijo Auslander.