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TSJ legítimo denuncia la posible venta de Monómeros como parte de la «destrucción del patrimonio venezolano»

El Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela, en el exilio, emitió un comunicado en el que advierte sobre las implicaciones de la posible venta de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., calificándola como una «negociación opaca» que pone en riesgo el patrimonio de los venezolanos en el exterior.

Monómeros, empresa fundada en 1967 por los expresidentes Raúl Leoni y Carlos Lleras Restrepo, desempeña un papel clave en la soberanía alimentaria de Venezuela y Colombia al producir insumos agrícolas y pecuarios esenciales.

El comunicado señala que la venta de Monómeros podría comprometer la seguridad alimentaria de ambos países, al afectar la producción y el acceso a insumos a precios competitivos para los productores agrícolas y ganaderos.

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Según los magistrados en el exilio, esta acción refleja el «escaso interés» del régimen de Nicolás Maduro por el bienestar del pueblo venezolano, particularmente en el sector agrícola.

Además, el gobierno colombiano ha manifestado su preocupación, destacando que una posible venta podría generar riesgos para la producción de alimentos y los costos de los insumos en la región.

Cuestionamientos legales y riesgos internacionales

El TSJ subraya que cualquier venta de Monómeros debería cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución venezolana, incluida la participación legítima del Procurador General de la República.

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Sin embargo, recalca que, debido a la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro y sus funcionarios designados, cualquier negociación carecería de validez legal y estaría «viciada de nulidad».

Asimismo, advierte que PEQUIVEN, principal accionista de Monómeros, se encuentra bajo sanciones internacionales. Esto podría exponer a los compradores a repercusiones económicas y legales por su vinculación con una entidad sancionada.

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En el comunicado, el TSJ legítimo insta a la comunidad internacional a denunciar esta negociación y a responsabilizar a Nicolás Maduro y Alex Saab, acusados de violaciones sistemáticas de derechos humanos, como principales promotores de la venta.