La creación de las brigadas comunitarias-militares (bricomiles) por decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro ha generado alerta en diversos sectores de la sociedad civil venezolana.
Consultados por la Voz de América, algunos advierten sobre una “renovada acción de militarización” en las tareas de “reparación, adecuación y mejoramiento de más del 80 % de las instituciones educativas venezolanas”.
“Es la logística sobre el terreno, Poder Militar, Poder Popular, juntos, con el 1×10 del buen gobierno, en cada escuela (…) me da una gran felicidad espiritual saber que le vamos a poner las escuelas, liceos y colegios a los muchachos pepito, bello, bello”, dijo Maduro al presentar un balance el pasado 12 de julio sobre las funciones de estas brigadas militares.
Maduro dijo que la organización de la labor de las bricomiles ha sido “un éxito total” con el propósito de reparar instituciones educativas y sanitarias durante las vacaciones escolares.
La Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)celebra cualquier iniciativa destinada a la preservación de las instituciones educativas venezolanas, pero cuestiona que las labores de mantenimiento de las instalaciones se limiten a programas especiales.
“La conservación de la planta física de las escuelas venezolanas no debe ser una acción de emergencia o un anuncio oficial que, por vía de la excepcionalidad, pretenda generar un impacto comunicacional y posicionar coyunturalmente un tema de opinión pública nacional”, expuso UCAB en un comunicado.
Griselda Sánchez, educadora y presidenta de la Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), considera la implementación de las bricomiles como una “medida electorera” y reitera que desde hace varios años se ha exigido la recuperación de los centros educativos.
“Ocho de cada diez escuelas que visitamos tienen problemas de infraestructura, no tienen muchas veces pupitres, los jóvenes comen en el piso. Son 24 .000 unidades en Venezuela que se encuentran en completo deterioro”, aseguró a VOA.
Sánchez insiste en que se requiere un trabajo profesional que pueda ejecutar las labores de reparación.
“Entendemos que en las comunidades existen padres, madres y representantes que pudieran colaborar, albañiles, electricistas, pero no debería quedar la recuperación de las escuelas en manos de las comunidades, es un acto irresponsable”, insistió.
Para Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, las bricomiles se basan en “utilizar a los militares como obreros obedientes, disciplinados y subordinados. Sin derechos laborales. Mano de obra barata de una FANB que se desprofesionaliza cada día más con estas decisiones de su comandante en jefe”, y lo evalúa como un nuevo “despropósito” para la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Llamado a la calma
Ante la preocupación sobre la presencia de militares en centros educativo, Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAB, insiste en la necesidad de mantener la calma.
“Lo que estamos viendo son manejos, son usos, son ideas de algo que no tiene que ver ni con lo que es el trabajo de acomodar una escuela -que eso le toca institucionalmente a la Federación de Instituciones Educativas-, la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas y el uso instrumental de los consejos comunales. Lo bueno es que esto va a suceder sin maestros, sin niños y jóvenes en las escuelas y eso es un primer llamado de calma”, dijo a VOA.
Sin embargo, el profesor recuerda que en Venezuela las situaciones excepcionales o de emergencia tienden a convertirse en permanente.
“Tenemos que hacer el llamado de alerta desde ahora porque cuando comiencen las clases tenemos que estar en control y en supervisión literalmente de ver si las bricomiles van a estar funcionando dentro de las instituciones y qué rol van a tener”, añadió.
De acuerdo a la ministra de Educación, Yelitze Santaella, han registrado 26.464 instituciones educativas entre públicas y privadas y, hasta el 12 de julio, habían conformado 23.832 bricomiles en las distintas instituciones, y precisó que se encontraban organizados en un 90 %.
El primer año escolar, tras el reinicio de clases presenciales suspendidas durante dos años como parte de las medidas implementadas para hacer frente al COVID-19, ocurrió en medio de “críticas condiciones” para alumnos y docentes.
En octubre del año pasado, las autoridades permitieron el regreso a clases presenciales de forma “progresiva y alterna” a pesar de que, según trabajadores del sector educativo, las condiciones no eran óptimas debido a los bajos salarios que perciben y a la situación de infraestructura de muchos centros educativos.
De acuerdo a una investigación de Cecodap, una organización dedicada a defender los derechos de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, el primer año de presencialidad ocurrió en medio de “condiciones deplorables”.
“Fallas en los techos, falta de agua, falta de gas doméstico, lo cual imposibilitaba la cocción de los alimentos del Programa de Alimentación. Brecha educativa entre lo que aprendieron en las clases virtuales y cómo llegaron a estas clases presenciales, falta de transporte público, entre otras fallas. Una de las más significativas por la cantidad de escuelas que reportaron estas fallas fue la falta de docentes”, detalló recientemente a VOA Vanessa Moreno, coordinadora de comunicaciones de Cecodap.
El año pasado, días antes del reinicio de actividades académicas presenciales, la ministra de educación, Santaella aseguró que el gobierno se encontraba desarrollando un plan para rescatar la infraestructura escolar.
VOA