El fiscal general de Venezuela, nombrado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó este lunes que los nuevos miembros de la junta directiva de CITGO asignados por la comisión delegada del Parlamento venezolano, José Ramón Pocaterra Esparza y Andrés Felipe Yrigoyen Luna, fueron imputados por el Ministerio Público bajo los delitos conspiración, usurpación de funciones, legitimación de capitales, asociación, y obstrucción de la justicia.
«En fecha 11 de enero se solicitó orden de aprehensión, bloqueo de cuentas, orden de allanamiento y la incautación de bienes muebles e inmuebles«, indicó Saab.
Los argumentos del fiscal coinciden con la narrativa del régimen autoritario sobre la «autoproclamación» del mandatario interino. «Guaidó y su apropiación con apoyo del gobierno de los EEUU de los bienes de la República en el exterior ha sido parte de una gigantesca trama de corrupción y saqueo de nuestro país», dijo. «Debo recordar que el autoproclamarse como Presidente Encargado y de designar una junta Ad-Hoc de Citgo, ha impedido ejercer una defensa contra la demanda de Crystallex en un tribunal federal de EEUU», agregó.
Los nuevos miembros de la junta directiva se unen son las nuevas piezas en la persecución de la dictadura contra la protección de activos venezolanos en el exterior, quienes también habría ido por ex procurador especial José Ignacio Hernández,
Los representantes del Estado fueron impedidos de actuar y se entregó la defensa de Venezuela a, José Ignacio Hernández prófugo de la justicia venezolana, por «tratar de entregar» Citgo a la petrolera norteamericana ConocoPhillips. «Antes había sido asesor de la propia Crystallex y fue quien le dio los argumentos a esta empresa para exigir que se vendieran las acciones de Citgo y que se les pagara una indemnización», sentenció.